La abrumadora cantidad de casos de corrupción que ofrece la actualidad diaria, muchos de ellos con epicentro en la Comunidad, ha obligado al nuevo Consell a poner en marcha mecanismos que mejoren la eficacia en el control del dinero público. Sin embargo no existen sistemas de protección por parte de la Administración para proteger a quien denuncie un posible caso de corrupción.
El grupo parlamentario socialista en las Cortes ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a los empleados públicos y también a los de empresas privadas ante posibles represalias que puedan sufrir por denunciar acciones ilegales.
En la propuesta, presentada por el portavoz adjunto del PSPV, José Muñoz, se reclama al Consell la puesta en funcionamiento de los instrumentos y también el inicio de las modificaciones legislativas necesarias para la protección de los denunciantes ante prácticas corruptas e ilegales.
Se trata de poner en marcha una legislación de protección al estilo de la que ya funciona en numerosos países de nuestro entorno. En la norma que van a presentar los socialistas en las Cortes se reclama también que la Administración garantice el anonimato del denunciante.
