El PP de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante, liderados por Isabel Bonig y José Císcar, respectivamente, mantuvieron ayer su silencio sobre la confesión de Enrique Ortiz de haber financiado al partido de manera ilegal. Tan sólo desde la cúpula regional insistieron en recordar que «es un tema que está en los juzgados», por lo que, a su juicio, no era pertinente realizar ninguna valoración en concreto. Así, señalaron que se debe esperar a que los jueces «dictaminen» y «digan lo que tengan que decir» sobre este asunto, confiando además en que sea «cuanto antes». Por parte del PP de la provincia de Alicante no llegaron a pronunciarse siquiera, y remitieron a la dirección regional del partido.

Mientras tanto, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, señaló que «llevaba tiempo esperando que la gente empezara a cantar» sobre la corrupción en la Comunidad, en una intervención en directo en la Cadena Ser. Oltra aseguró que la confesión de Ortiz y las conversaciones del empresario con el ex vicesecretario de Organización del PP valenciano, David Serra, que difundió el viernes esta misma emisora, le producen «vergüenza ajena». En su opinión, dan a entender que ésa era «la forma habitual de funcionar». Para la vicepresidenta, esto muestra que la corrupción era algo «sistemático», y que el PP la utilizaba para «perpetuarse en el poder». Además, aseveró, «era algo tan extendido que me cuesta creer que no supieran lo que estaba pasando». Por ello, consideró que no resulta extraño que ahora guarden silencio: «Son los primeros que se beneficiaron de la corrupción, cómo van a reaccionar», afirmó la también portavoz del Ejecutivo valenciano.

También el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, recordó a última hora del viernes que Enrique Ortiz tendrá que asumir sus responsabilidades tras confesar que financió ilegalmente al PP, e hizo hincapié en que no se debería «dejar ningún espacio de impunidad a ningún delito y menos al de la corrupción». Catalá, no obstante, recalcó que «lo tendrá que investigar el tribunal competente», y que las decisiones judiciales merecen «absoluto respeto».

En todo caso, agregó, los tribunales tendrán «máximo apoyo contra la corrupción» y contarán con «todo el apoyo de medios materiales y personales que necesiten», porque la lucha contra la corrupción, dijo, es «un proyecto de todos los españoles y del Gobierno».