Después de años de negación continua de los casos corrupción, los arrepentidos brotan en primavera. El empresario Enrique Ortiz ha admitido esta semana ante la Audiencia Nacional haber financiado ilegalmente al PP durante las campañas electorales de 2007 y 2008. Un gesto de buena voluntad hacia la Fiscalía Anticorrupción ante la catarata de penas de prisión que afronta por todos los casos en que está siendo investigado. También ha probado suerte el exconseller Rafael Blasco, jubilado y residente en el centro penitenciario Valencia II de Picassent, desde que el Tribunal Supremo lo condenara a seis años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial.
El siete veces conseller con cuatro presidentes de la Generalitat ha ofrecido a las acusaciones de las dos piezas que quedan por instruir del caso que lleva su nombre, el «Caso Blasco», la posibilidad de admitir algunos delitos y poner «algo de dinero» para compensar el saqueo de los fondos públicos de las ayudas a la Cooperación. Una oferta que pasaría porque la acusaciones rebajaran sus peticiones de penas de cárcel y de responsabilidad civil por el desvío de fondos para construir un hospital en Haití (que nunca se construyó) o de ayudas previstas para Perú, Guinea y Tailandia que nunca llegaron a sus legales destinatarios. En el caso contrario de que no se llegara a un acuerdo, el exconseller advirtió a las acusaciones de que sólo podrían embargarle su pensión de jubilado. Blasco cumplió en febrero los 71 años. Un pacto «imposible de admitir», según explican a INFORMACIÓN fuentes conocedoras de las negociaciones, interrumpidas tras conocer las condiciones exigidas por el también ex portavoz del PP en las Cortes Valencianas.
De hecho, como ya adelantó este periódico el pasado 8 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción y la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tienen muy avanzadas las pesquisas de las dos piezas separadas que quedan por juzgar en el «caso Blasco». El Ministerio Público está llegando a acuerdos con algunos imputados, aunque volverá a pedir prisión para los políticos que participaron en los delitos, según ha podido saber INFORMACIÓN de fuentes jurídicas. Los directivos de las ONGD que se vieron salpicados por la causa sólo tendrían que afrontar una multa económica por responsabilidad civil.
La línea de la Fiscalía continuará igual en las piezas que quedan por juzgar. La segunda investiga el desvío de fondos de cooperación destinados a Perú, Guinea o Tailandia para la compra de un yate (que sirvió para blanquear 235.000 ?) y dos apartamentos en Miami (valorados en un millón de dólares). Tiene 23 imputados. La tercera pieza indaga en la adjudicación del hospital de la Generalitat en Haití (en el que se iban a invertir 3,8 millones). En este caso se persigue las irregularidades en el proceso de contratación, que ganó la trama corrupta, y el desvío de 177.000 euros aportados por los ciudadanos y que acabaron acabó presuntamente en manos de la red. Hay 12 imputados.
Los investigadores consideran que el desvío del dinero de cooperación fue orquestado por los políticos de la Conselleria de Solidaridad imputados y por la fundación de Augusto César Tauroni. Además de los delitos administrativos, en este caso también se investiga un presunto soborno a cargos públicos que se habrían descubierto gracias a las grabaciones de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).
Los investigadores consideran que las ONGD y sus directivos y directivas imputados fueron meros instrumentos para desviar los fondos. Aseguran que con o sin su conocimiento, según los casos, fueron utilizados para perpetrar los delitos pero que no se beneficiaron económicamente, como ya estableció el Tribunal Supremo con Blasco en la primera condena del caso. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción solicitará una multa por responsabilidad civil para hacer frente al dinero desviado y poder resarcir a las arcas públicas.
Hasta ahora, la Generalitat ya ha recuperado los primeros 114.000 euros de los fondos de cooperación desviados, procedentes de la subasta de bienes embargados a los condenados. El Tribunal de Cuentas cifró en 1.623.819 euros el quebranto a las arcas de la Generalitat por el desvío de las ayudas destinadas a Nicaragua que nunca llegaron a ejecutarse (la primera pieza del caso ya juzgada). En el pacto frustrado, la trama corrupta pretendía que la Generalitat se quedara con los pisos y garajes comprados con el dinero de Nicaragua en la avenida Ausiàs March de Valencia.
Por este expediente se declaró «responsables contables directos y solidarios» a Rafael Blasco y sus directos colaboradores en la Conselleria de Solidaritat Alejandro Catalá Bas (subsecretario), Marc Llinares, (exjefe de Área de Cooperación al Desarrollo), Tina Sanjuan (exsecretaria general), el empresario Augusto César Tauroni y Marcial López López, presidente de la Fundación Cyes. Sobre las piezas que quedan por juzgar aún no se ha establecido la cuantía de la responsabilidad civil.
