La Intervención General de la Generalitat ha elevado informe a la Conselleria de Hacienda, dirigida por Vicent Soler, sobre la repercusión en las cifras de déficit del ejercicio de 2015 de determinadas decisiones por importe de 707,8 millones. Todas estas medidas, que ha tenido que asumir el actual Ejecutivo, fueron adoptadas con anterioridad a junio de 2015 o corresponden a decisiones del Gobierno central. Del total, sobresale la provisión de 200 millones como consecuencia del contrato suscrito en 2013 por el anterior Consell a través del Instituto Valenciano de Finanzas para intentar salvar la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat.
Junto a ello, destaca también la devolución a los funcionarios del 50% de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 que el Gobierno del PP suprimió a los empleados públicos. Una decisión que el Ejecutivo central no ha compensado a las comunidades autónomas con un coste de 150 millones. Por volumen, figura el coste de los nuevos tratamientos antivirales contra la Hepatitis C, con un impacto de 141,32 millones. El incremento de los intereses de demora llega a 157 millones. Para el ejercicio de 2015, la Intervención ha constatado otro incremento por contratos de Sanidad, lo que implica un aumento de 85,01 millones. Le siguen en relevancia 52,44 millones en concepto de intereses que el Ministerio de Hacienda se cobró directamente y que corresponden a los intereses devengados por los impagos del anterior Consell de las retenciones por IRPF. También se ha reconocido el pago de 40,14 millones en subvenciones a la vivienda. Otros 27,08 millones para ayudas a la Dependencia. Y, finalmente, los 18 millones de la multa de la Unión Europea.
