Pide que la pena de prisión se sustituya por una multa por "confesión tardía de los hechos"

Enrique Ortiz confiesa la financiación ilegal del PPCV y "suplica" evitar la cárcel

Los abogados del constructor alicantino admiten en su totalidad las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE en el escrito de defensa que han entregado en la Audiencia Nacional, según informa la Cadena Ser

01.04.2016 | 20:52

El empresario Enrique Ortiz ha admitido que financiació de forma ilegal al PP en la campaña de las elecciones generales de 2008 a través de pagos ficticios a la empresa de la red Gürtel en Valencia Orange Market y ha pedido que, ante ese reconocimiento de los hechos, se le aplique la atenuante de "confesión tardía".

Ortiz ha reconocido estos hechos en su escrito de defensa presentado tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de abrir juicio oral a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de Valencia como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

En ese escrito, el constructor manifiesta estar "conforme" con las acusaciones contra él y pide que se le rebaje a 15 meses la pena de 4 años de cárcel que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción por falsedad en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil mediante la aplicación de la atenuante de "confesión tardía".

En cuanto a las responsabilidades civiles que se le reclaman en esta causa, la defensa de Ortiz, que está además imputado en tres piezas del 'caso Brugal' -las relacionadas con tramas de presunta corrupción en torno a la recogida de basuras en la Vega Baja, el urbanismo en Alicante (caso que propició la dimisión de la alcaldesa popular Sonia Castedo) y el plan Rabasa- recuerda que ya ha abonado los 40.133 euros que le requería el juez en el auto de apertura de juicio.

En su escrito acusación, con el que ahora se muestra "conforme" Ortiz, la Fiscalía sostiene que el constructor "abonó una parte de los gastos del PPCV con ocasión de la campaña de las Elecciones Generales de 2008" con 348.115 euros.

"Para dar cobertura formal a esas entregas, Orange Market S.L. elaboró diversas facturas que suponían la prestación de servicios por su parte a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras", concluye Anticorrupción.

En esta causa, la Fiscalía pide para los 5 excargos del PP valenciano 7 años y 9 meses de cárcel, en el caso de Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra; y 6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.

Entre los 20 acusados figuran además responsables de empresas y trabajadores de la trama Gürtel como el presunto cabecilla Francisco Correa, Pablo Crespo, el propietario de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes", y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.

Según explica De la Mata, la investigación de todos estos años permite concluir la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte presuntamente en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de Orange Market y la del grupo)".

El juez cree que los miembros del PPCV imputados contrataron a Orange Market "con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008", servicios que abonaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Así, en las elecciones de 2007 Orange Market se embolsó 1,1 millones de euros por las autonómicas y 78.878 por las municipales, mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros, sin que esos servicios prestados fueran "objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria".

La Fiscalía cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 "tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes".

"Una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas directamente a Orange Market", que supuestamente facilitó facturas falsas.

APERTURA DE JUICIO ORAL
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó el pasado 26 de febrero la apertura de juicio oral contra cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps, diez empresarios de la construcción adjudicatarios de obra pública, entre ellos Ortiz, y los cabecillas de la trama Gürtel.

Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.




El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el propio Enrique Ortiz y el empresario Rafael Martínez Berna. También están acusados el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.

El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para 'El Bigotes', a quien reclama 10,2 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel para el que fuera secretario general del PPCV y diputado autonómico Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat y exdiputado autonómico Vicente Rambla; el antiguo vicesecretario de organización y diputado regional David Serra; y su antecesora en la gerencia Cristina Ibáñez. Para la entonces gerente, tesorera regional y diputada Yolanda García, solicita seis meses de prisión y 650 euros de multa.

Además, se sentarán en el banquillo de los acusados los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna --de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras--; Enrique Gimeno --por Facsa--; Alejandro y Antonio Pons --Dols y Piaf--; Gabriel Alberto Batalla --administrador del Grupo Lubasa--; Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; Vicente Cotino --del Grupo Sedesa--; y José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, luego denominada Padelsa Infraestructuras.

GASTOS SIN TRIBUTAR NI CONTABILIZAR
El juez, que ha abierto juicio oral en las piezas separadas 1,2 y 6 de la rama valenciana del caso 'Gürtel', sostiene que Correa dirigía un holding empresarial que organizaba eventos para los 'populares', que tenía sociedades vinculadas como Down Town Consulting (DTC) y su sucesora, Easy Concept; Booomerangdrive; Tecnology Consulting Management; Rialgreen/Trece; Good and Better; Diseño Asimétrico; Servimadrid; y Orange Market.

Crespo y Luis de Miguel Pérez constituyeron esta última mercantil en 2003 en Valencia por las "buenas perspectivas de negocio" que tenían dadas las "buenas relaciones" que ambos junto con Correa y el contable Cándido Herrero tenían con los "responsables políticos" del PPCV. Sus actividades comenzaron en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio.

En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".

EL DINERO B LO LLAMABAN "BARCELONA"
En algunas conversaciones y documentos el dinero oficial era denominado Alicante, y el dinero en B se llamaba Barcelona y engrosaría la 'caja B' de Orange Market y el grupo. La empresa hacía declaraciones "mendaces" ante la Hacienda Pública. Parte de esos gastos e ingresos de naturaleza electoral no eran incluidos en las cuentas entregadas al Tribunal de Cuentas.

Al mismo tiempo, se producían unos ingresos indirectos en la formación política mediante la disminución del "débito" que mantenía la formación con Orange Market a través de pagos que "diversas sociedades realizaban a dicha empresa y que se instrumentalizaban mediante contratos presuntamente aparentes sin que tuvieran una real prestación de servicios".

El juez recuerda que los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima de gasto electoral admitida legalmente en el desarrollo de las campañas y que abonaron a Orange Market parte de los servicios eran grupos empresariales que lo tenían prohibido por tener contratos con la Administración Pública, por lo que "no podían hacer donaciones al PP".

Tanto en las elecciones de 2007 como en las 2008, los acusados integrados en el PPCV "contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". En ambos casos, los pagos no quedaron reflejados en la facturación ni en la contabilidad.

El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para 'El Bigotes', a quien reclama 10,2 millones de euros.


LAS CLAVES DEL CASO GÜRTEL

¿Cómo se destapó?

José Luis Peñas, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda y amigo del empresario Francisco Correa, denunció la existencia de una trama liderada por el propio Correa –y en la que figuraban también Álvaro Pérez ´El Bigotes´, Pablo Crespo y Antoine Sánchez– que se nutría de contratos adjudicados por ayuntamientos y comunidades autónomas a través de regalos y aportaciones ilegales a las arcas del PP. Las empresas de la trama organizaron actos del PP durante el Gobierno de José María Aznar.

Las empresas de Correa

Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept, Good and Better y Orange Market son los nombres de las empresas creadas por los responsables de la red, que operaban en diversas áreas de negocio, como la organización de eventos, provisión de servicios, atención al ciudadano y gestión de viajes. Estas compañías facturaban a instituciones, organismos y autoridades públicas vinculadas al PP.

Principales operaciones

En la Comunitat Valenciana, entre otros contratos, destacan las adjudicaciones que la trama consiguió para la organización de Fitur y diversas campañas electorales del PP, el acto inaugural de la Volvo Ocean Race en 2008 y la visita del Papa Benedicto XVI en 2006. La visita del Papa supuso unos ingresos cercanos a los tres millones de euros para la trama.

En la Comunidad de Madrid, los principales contratos se remitían a áreas parecidas, como la provisión de servicios para la organización de diversos actos: congresos del PP, inauguraciones de centros públicos, entregas de premios... En total, según la Intervención General de la Administración del Estado, entre 5 y 6 millones de euros podrían haber acabado en las arcas de las empresas de Correa.

¿Cuáles eran los regalos?

La llamada 'causa de los trajes', que obligó a dimitir al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps -aunque posteriormente fue absuelto- ilustra la clase de dádivas que percibían los distintos cargos u autoridades implicadas. Joyas, artículos de lujo, bolsos, relojes, vuelos en avión, estancias en hoteles, cruceros y productos electrónicos de gama alta eran las más frecuentes.

El ´caso Bárcenas´

Una importante derivada de toda la investigación es el ´caso Bárcenas´, relativo a la presunta financiación ilegal del PP. Concesiones de obras y contratos públicos que habían sido destinados a empresas a cambio de aportaciones económicas al PP. De ahí habrían salido los presuntos sobresueldos que habrían recibido, durante años, los principales nombres de la cúpula directiva del Partido Popular.

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