Ajeno a la batalla jurídica que prepara el PP ante el Tribunal Superior de Justicia, el Consell ha decidido agilizar el decreto de coordinación de las competencias turísticas de la Diputación Provincial con el objetivo de que esté plenamente operativo en este mes de abril. Para contrarrestar las críticas de «injerencia e invasión de la autonomía provincial» que le han dirigido los populares, la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) creará sendas comisiones provinciales en Alicante, Valencia y Castellón para desarrollar la nueva política de coordinación turística entre la Generalitat y las tres corporaciones.
En estas tres comisiones provinciales estarán presentes técnicos de la AVT y de la diputación correspondiente, así como representantes cualificados del sector turístico. Estos órganos territoriales tendrán carácter permanente y se encargarán de elaborar propuestas para trasladarlas al consejo de coordinación que presidirá el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer.
Sin entrar en confrontación con los populares ni con la corporación alicantina -que el miércoles acordó emprender acciones judiciales contra el «decreto intervencionista»-, la Agencia Valenciana de Turismo pretende convocar en los próximos días del presente mes la primera reunión del consejo de coordinación, el órgano encargado de dirigir y supervisar la colaboración entre el Consell y las tres diputaciones.
Turismo llevará a esa primera reunión del consejo la presentación y, en su caso, aprobación del reglamento que desarrolla el decreto de coordinación. Los técnicos de la Agencia ultiman en los últimos días las directrices para coordinar las funciones de la Diputación «en materia de turismo que excedan del ámbito provincial», según se recoge en el artículo 2 del controvertido documento aprobado por el Consell el pasado 4 de marzo.
A la vista del «frente común de rechazo» al decreto que prepara el PP en las diputaciones de Alicante y Castellón -la de Valencia la preside el socialista Jorge Rodríguez-, la AVT ha acelerado los trámites y la elaboración del reglamento para convocar cuanto antes el consejo de coordinación y poner en práctica la nueva política turística. «No queremos entrar en batallas jurídicas, sino demostrar a la mayor brevedad que este decreto no pretende arrebatar ninguna competencia a las diputaciones», explicaron ayer en Turismo, «sino fomentar la colaboración, mejorar la eficacia de los recursos públicos y evitar duplicidades en la gestión».
De modo que el Consell pretende salir al paso de la estrategia de los populares con un doble mensaje: habrá tres comisiones en Alicante, Valencia y Castellón para que las provincias -y por ende, las diputaciones- tengan más peso en la nueva política y, en segundo lugar, el sector turístico también contará con mayor peso.
Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez, criticó el pasado miércoles en el pleno el decreto del Consell y defendió el recurso al TSJ para «defender la autonomía provincial y la no injerencia del Consell en nuestras competencias». «Pretenden que en una mesa de 12 y con solo dos votos de diputados de Alicante se decida el futuro de la Costa Blanca, que aporta el 55% de PIB turístico de la Comunidad Valenciana», agregó Sánchez.
