Cinco años después de que las Corts aprobaran incluir en el Estatut d'Autonomia una cláusula para adecuar la inversión del Estado a la población valenciana y cuando se cumple una década desde que Francisco Camps e Ignasi Pla pactaron en 2006 la modificación de la Carta Magna valenciana de 1982, la reforma llega de nuevo al Congreso.

Lo hará este martes 5 de abril con el segundo debate de toma en consideración en ocho meses -el primero se produjo en septiembre de 2015- y como primer punto del orden del día de la segunda sesión plenaria de la nueva legislatura en la Cámara.

La reforma del Estatuto valenciano llega, además, con el riesgo de que sea necesario un tercer debate de totalidad si se convocan nuevas elecciones y las Cortes Generales quedan disueltas, lo mismo que ocurrió tras el primer intento el pasado septiembre.

La secretaría general del Congreso comunicó ayer vía telefónica a las Corts que ha incluido la toma en consideración de la reforma del Estatut d'Autonomia en el pleno y también comunicó su inclusión a los tres ponentes designados en su momento por la Corts, Jorge Bellver (PP), Manolo Mata (PSPV) y Fran Ferri (Compromís), que defenderán de nuevo la necesidad de incluir en el Estatuto una cláusula inversora que obligue al Estado.

En la junta de portavoces de la semana pasada en el Parlamento valenciano ya se acordó designar de nuevo a los mismos ponentes que en 2015 para evitar más retrasos. Todos los partidos con representación en las Corts, PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, apoyaron el pasado mes de octubre la necesidad de una nueva financiación para la Comunitat Valenciana, por lo que todo apunta a que la reforma saldrá adelante en el pleno. El ponente del PSOE en el Congreso será el diputado valenciano Julián López mientras el resto de partidos aún no lo han decidido.

En esencia, lo que piden las Corts es un remiendo del Estatut con la inclusión de una cláusula de la que ya disponen otras autonomías, entre ellas Andalucía, Cataluña, Baleares o Extremadura. El expresidente Camps rechazó en 2006 incorporar este tipo de blindajes al Estatuto e incluso el Consell del PP los recurrió ante el Tribunal Constitucional en el caso de los estatutos andaluz y catalán, aunque cuando el Tribunal Constitucional los validó también buscó incluirlo en el Estatuto valenciano.

Si la inclusión de la cláusula en el Estatuto sigue adelante y se aprueba en la comisión Constitucional y en el Senado supondrá una modificación del Estatuto que para su ratificación definitiva necesita el visto bueno de los valencianos en referéndum.