Más carga para la Generalitat. La Conselleria de Hacienda acaba de cuantificar el dinero que tendrá que desembolsar a lo largo de la legislatura después de que el Gobierno central haya decidido imponer el pago de intereses a las comunidades que se han acogido al Fondo de Liquidez Autonómica Fondo de Liquidez Autonómica(FLA). Es decir, que han sido «rescatadas» por Madrid. El Ejecutivo de Ximo Puig deberá habilitar en sus presupuestos un total de 758,8 millones extra hasta 2019. La cifra no es baladí. Representa más del doble de la asignación anual de la Conselleria de Vivienda; casi 11 veces el presupuesto de la Dirección General de Turismo; y 29 veces las cuentas de Transparencia para 2016.
Este viraje en las políticas económicas del Gobierno, por ende, trastocará más si cabe las ya de por sí debilitadas arcas autonómicas. Y es que la decisión de volver a cobrar los intereses del FLA ha abierto el enésimo cisma entre los Ejecutivos de Mariano Rajoy y Ximo Puig. Tal y como ha venido informando este diario, el origen del FLA se remonta a 2012. Con Montoro ya en Hacienda, su departamento impulsó este mecanismo de ayuda para las autonomías que se encontraban en apuros. La Comunidad Valenciana se acogió a él desde el principio y acató el pago de intereses como mal menor. Pero en 2015, con la coyuntura mejorando y en pleno año electoral, el Gobierno central decidió exonerar a las regiones del pago de intereses. Ahora, sin embargo, ha vuelto a pisar el acelerador y los reclama de nuevo a un 0,834%.
Esa carga se comenzará a aplicar cuando se liquide cada uno de los ejercicios del FLA. Así, por ejemplo, el rescate de 2012 paga sus intereses en el mes de octubre de cada año. En este caso, se alarga el 0% hasta octubre de 2016. A partir de ahí, comienza a devengar intereses al 0,834%, que se pagarán en octubre de 2017. En el FLA de 2015, por el contrario, la situación es peor. Sus intereses se liquidan en el mes de enero y por tanto ya ha empezado a devengar al 0,834%.
El verdadero problema llegará cuando todos los préstamos estatales ya hayan operado un año completo al 0,834%. Dado el volumen de operaciones, la carga financiera ascenderá a unos 250,4 millones en 2018. Será a partir de ahí cuando la cifra comience a descender, ya que la Generalitat irá amortizando los préstamos del FLA y el plan de pago a proveedores y, por tanto, el abono de intereses se reducirá.
Doble castigo
La decisión del Gobierno central de reclamar esos fondos a la Generalitat supone un doble castigo. ¿Por qué? Porque buena parte de culpa de que el Consell haya solicitado el FLA se debe a su infrafinanciación histórica. Tanto el modelo aprobado en época de José María Aznar (PP) como el que vio la luz en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) han sido dañinos para los intereses valencianos. Tanto, que sólo el último está privando a la Comunidad de ingresar cerca de 1.000 millones de euros anuales que en teoría le corresponderían por población.
Pero es que, además, ese desequilibrio tendría que haberse corregido meses atrás. En concreto, en enero de 2014. Hasta ahora, los modelos de financiación autonómica han tenido una vigencia quinquenal. Es decir, que en ese fecha tendría que haber entrado en vigor uno nuevo. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy decidió posponerlo por dos motivos. Uno, que la situación económica no era la idónea. Y dos, para evitar una guerra abierta entre los barones territoriales del PP, en particular, y entre comunidades autónomas, en general.
El resultado es de sobra conocido. La Comunidad Valenciana se ha visto obligada a acogerse a todas las ediciones del FLA y su deuda se ha disparado hasta los 41.753 millones de euros al cierre de 2015. De esa cifra, 29.055,63 millones corresponden ya al Estado, lo que supone el 69,6 % de todo el endeudamiento de la Comunidad. Siete de cada 10 euros se deben a Madrid.
