El PP ya ha activado la maquinaria jurídica de la Diputación contra los decretos del Consell maquinaria jurídica que le arrebatan «de facto» las competencias en materia turística y deportiva. El «gobierno provincial» de los populares someterá esta mañana a ratificación por el pleno extraordinario el informe de los servicios jurídicos encargado de urgencia por el presidente, César Sánchez, en el que se considera «nulo» el decreto de la Generalitat por no respetar normas de rango superior. La Diputación también rechaza el documento regulador por considerar que es «un cheque en blanco para uso exclusivo» del Consell y «una merma esencial de la práctica totalidad» de sus competencias en materia turística.

Rechazado de plano por la oposición -PSPV, Compromís y EU-, el PP confía en contar con la abstención del único diputado de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, para que este informe jurídico siga su curso y se materialice el correspondiente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad antes de que el próximo 4 de abril se cumpla el plazo legal de dos meses. «Me voy a abstener o a votar en contra», declaró ayer Sepulcre, «porque, aunque estoy con mi partido en contra de las diputaciones, no veo clara la hoja de ruta del Consell con su decreto turístico y tengo que defender, ante todo, los intereses de esta provincia».

El pleno extraordinario y urgente de esta mañana se iniciará con la designación del vicepresidente cuarto de la corporación, el abogado Carlos Castillo, como representante de la Diputación en el consejo de coordinación turística previsto por el polémico decreto del Consell, que está en vigor desde el pasado día 9. En el citado órgano de 12 miembros también estará presente, a propuesta de César Sánchez, el diputado de Turismo y vicepresidente, Eduardo Dolón.

A continuación del nombramiento de Castillo, el pleno se pronunciará sobre la propuesta del presidente para el ejercicio de acciones judiciales contra los dos decretos del Consell que fijan las directrices de coordinación de las competencias de las tres diputaciones en turismo y deporte.

El informe de los servicios jurídicos que sustenta la propuesta de César Sánchez sostiene que el decreto del Consell es «nulo» por «infringir el principio constitucional de jerarquía normativa» y por regular «una materia reservada a norma con rango de ley». Este alegato considera que la Ley 2/1983 de la Generalitat -por la que se declaran de interés general para la Comunidad Valenciana determinadas funciones propias de las diputaciones y en la que se inspira el decreto-, está derogada de forma tácita por otra ley autonómica de 2010, «por lo que el decreto del Consell tendría el carácter de una disposición reglamentaria autónoma, es decir, que no ejecuta la ley de la que trae causa, ya que ésta está derogada».

Asimismo, la Diputación sostiene que los objetivos prioritarios marcados por el documento del Consell constituyen «un auténtico cheque en blanco para uso exclusivo de la Generalitat, en tanto se establece que se deja al albur de la secretaria autonómica que programe las actividades que deben fomentarse, financiarse y ejecutarse conjuntamente con las diputaciones». Del mismo modo, el informe constata que el cumplimiento de los citados objetivos prioritarios del decreto supondría «una merma esencial de la práctica totalidad» de las competencias turísticas de la Diputación. Finalmente, la institución apuesta por presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto «por vulnerar de manera flagrante» la legislación y por lesionar los intereses generales de la Diputación.

El portavoz del PSOE, José Chulvi, anunció su voto en contra de la propuesta: «Es un paso más en la deriva sin sentido del PP de hacer oposición del Consell, en lugar de buscar soluciones. Y es un enfrentamiento estéril que daña a los sectores turístico y deportivo».