La Conselleria de Transparencia y Responsabilidad Social que dirige Manuel Alcaraz ha remitido una carta a los 542 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y las tres diputaciones para que colaboren en la retirada de las placas placas conmemorativas, inaugurales u honoríficas en las que figure el nombre de cargos públicos condenados por corrupción en los tribunales. Asimismo, Transparencia pone su página web a disposición de todos los ciudadanos interesados en participar en esta iniciativa para que puedan enviar fotografías, vídeos o datos sobre la localización de esas placas como paso previo a su retirada. «La supresión de los edificios públicos de las placas donde figuran personas condenadas por corrupción tiene un contenido simbólico fundamental para la regeneración democrática», explicó ayer el conseller Alcaraz.

Las cartas remitidas por la conselleria obedecen a la resolución 36/IX aprobada por las Cortes Valencianas el pasado 15 de octubre, en la que se expresó «la indignación y la preocupación evidente por los casos de corrupción que han azotado la Comunitat, que ahora están aflorando y afectan mayoritariamente al Partido Popular», añadió Alcaraz.

«Era necesario buscar una fórmula objetiva y la consensuada ha sido que haya una condena firme», agregó el conseller, «porque parece obvio que no deben permanecer placas en hospitales, centros deportivos o instalaciones públicas del tipo que sea que conmemoran la apertura o la primera piedra por parte de dirigentes que hoy sabemos que son corruptos».

En concreto, la resolución del parlamento autonómico emplazó al Consell a retirar con carácter inmediato las placas en las que figure el nombre de personas que hayan desempeñado cargos públicos y hayan sido condenadas por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social o por delitos contra la administración pública.

Asimismo, pide que se retire «toda distinción o elemento de homenaje y consideración pública que les haya sido concedido en razón de un cargo y se encuentre expuesto en espacios públicos dependientes de la Generalitat o financiados con cargo a fondos derivados de ésta».

En la misma resolución, las Cortes pidieron al Consell que elaborase una declaración formal y pública «de reprobación y repulsa de todos los políticos de la Comunitat Valenciana que han resultado o resulten condenados por delitos de corrupción. En este sentido, el Gobierno valenciano aprobó un acuerdo el pasado 18 de diciembre en el que reconoce la responsabilidad de las instituciones y administraciones públicas «en la prevención, control y denuncia de las conductas ilícitas».

El contenido de este acuerdo ha sido incluido en la carta remitida por Alcaraz a los 542 ayuntamientos y las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón «para que hagan suya la declaración y perseveren en la prevención, denuncia y erradicación de estas conductas».

Son varios los ayuntamientos de la provincia de Valencia -como los de La Pobla Vallbona y Bellreguard- y Castellón -Benlloch-, que no han esperado al acuerdo del Consell y ya han retirado las placas y distinciones de algún político condenado por corrupción, como el exconseller de Cooperación, Rafael Blasco. En algún caso, también se han retirado ya los elementos inaugurales de políticos investigados, pero que aún no han sido condenados, como el exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano y el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, al que se vincula con el «núcleo duro» de la trama corrupta de la empresa pública Imelsa y la supuesta financiación ilegal del PP.

En Alicante, el Consell ya llevó a cabo en diciembre la retirada de una placa con el nombre de Blasco del Centro de Enfermos Mentales Ciudad Jardín y otra del acceso al pantalán para embarcaciones deportivas de Torrevieja, dedicada al exalcalde popular Pedro Ángel Hernández Mateo, que ingresó en prisión en julio de 2014 para cumplir una condena de tres años de cárcel y siete de inhabilitación por falsedad y prevaricación.

Son varias las placas de Hernández Mateo que aún quedan en diferentes edificios y espacios públicos de Torrevieja, al igual que sucede en Calp con el que fuera alcalde de 1995 a 2007, también del PP, Javier Morató, condenado por la Audiencia Provincial a un año y dos meses por dos delitos fiscales relacionados con un incremento patrimonial de casi un millón de euros entre 1995 y 1996.

Todo apunta a que la retirada de estas placas puede ir en aumento en los próximos meses conforme se celebren los múltiples juicios por casos de corrupción -Brugal, Gürtel,...- en los que están implicados altos cargos del PP.