La dirección del PP en la Comunitat Valenciana que comanda Isabel Bonig no se siente desautorizada pese a que el acuerdo entre Génova y los concejales díscolos permite que mantengan el acta y sigan en el grupo municipal del PP como independientes, justo lo que quería evitar la lideresa autonómica, que no ha conseguido enviar a los ediles al grupo de los no adscritos.
En la calle Quart aseguran que el expediente disciplinario de Génova es independiente del ultimátum en vigor del PPCV que contempla que si en diez días no entregan el acta tomarán medidas que podrían acabar con la expulsión. «El acta sí o sí» se mantiene como consigna. Así, en la dirección regional del PP desligan el expediente de Madrid del pacto alcanzado en febrero por el cual los ediles renunciarían si seguían imputados cuando se abriera el sumario, un acuerdo cuyo cumplimiento sigue siendo una exigencia de Bonig, que está decidida a llegar hasta el final.
Acuerdo por cumplir
Así, el PPCV espera a que venza el plazo de diez días, el martes 4 de abril, para tomar la decisión. De hecho, una de las vías que maneja la dirección del partido es la que abre el articulado de los estatutos con la posibilidad de expulsión por desobediencia.
Con el anuncio del mantenimiento del ultimátum, Bonig amortigua el golpe que suponía que los concejales mantuvieran el acta y siguieran en el grupo municipal a la espera de cómo deriva la investigación judicial.
Y el PPCV sigue adelante con su intención de hacer valer las prerrogativas de la dirección regional en el pulso interno y en una cuestión, el conflicto con los concejales del Ayuntamiento de Valencia que, además, es competencia directa del PPCV, no como ocurre por ejemplo con la senadora Rita Barberá, responsabilidad de Génova y a la que Madrid expedientó aunque amplió ese castigo al resto de concejales y asesores de Valencia para evitar que se interpretara como un castigo exclusivo a la exalcaldesa de Valencia, a la que el propio presidente, Mariano Rajoy, defiende.
Génova informó ayer a media tarde, en una jornada festiva en Valencia pero hábil en Madrid, que el comité nacional de Derechos y Garantías del PP había acordado la suspensión cautelar de militancia de los concejales y asesores investigados en la pieza separada de la operación Taula, a petición propia mediante un escrito presentado ayer y en el que Novo renuncia a la portavocía en el Ayuntamiento. El PPCV reacciona manteniendo el pulso con los concejales, a los que tiene amenazados de expulsión.
