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El Consell se juega 200 millones en la demanda contra el cierre de RTVV que ha ratificado CGT

El único de los 6 sindicatos que no firmó el ERE mantiene ante la Audiencia Nacional su petición de nulidad de los despidos

El Consell se juega 200 millones en la demanda contra el cierre de RTVV que ha ratificado CGT

Justo en puertas de que los sindicatos presentes en el extinto comité de empresa de RTVV se sienten con los grupos parlamentarios que apoyan al Consell (PSPV, Compromís y Podemos) a negociar su propuesta de «solución laboral» para el colectivo de exempleados, los sindicatos han visto apuntalada su principal trinchera defensiva. Que no es otra que la demanda colectiva presentada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) ante la Audiencia Nacional en la que se pide la nulidad del ERE de extinción de Canal 9, que acarreó el despido de 1.609 trabajadores de la radiotelevisión pública valenciana. El único de los seis sindicatos que no se avino a firmar el expediente de regulación de empleo fue precisamente la CGT.

Con el tiempo, su iniciativa judicial se ha convertido en elemento clave en la negociación del comité con el Consell y los partidos en aras de conseguir que se repesque al máximo de trabajadores posible de la plantilla de la RTVV en proceso de liquidación. La demanda se presentó hace dos años -justo ahora se cumple el segundo aniversario del expediente- y la Audiencia Nacional acaba de conminar al sindicato disidente a que desistiera o se ratificara en la demanda, opción esta última que ha sido reiterada de nuevo ante la ausencia de un acuerdo político.

Fuentes sindicales explicaron que la ratificación de la demanda colectiva mantiene vivo el proceso que deberá resolverse después de que el PSPV retiró su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de cierre, ya anulada, por su parte, con la nueva norma que recupera para la Generalitat la gestión del servicio de radio y televisión públicas. La Audiencia Nacional deberá decidir si el proceso de extinción de RTVV fue ajustado a ley, declarar en su caso la nulidad del ERE o su improcedencia. La segunda de las opciones sería la más gravosa para la Generalitat.

Diversas fuentes del comité explicaron que en su informe sobre los diversos escenarios posibles, calculan que una declaración de nulidad supondría para el Consell un desembolso de unos 200 millones de euros. Esa sentencia retrotraería la situación al minuto cero antes del ERE y comportaría la readmisión de todos los empleados con el pago de los salarios de tramitación. Los trabajadores deberían devolver, por su parte, las indemnizaciones percibidas por despido. Las estimaciones hechas concluyen que el pasado mes de enero marca un punto de inflexión en el que el dinero devuelto ya no alcanzaría para pagar los salarios de tramitación. A partir de febrero, la nulidad ya saldría negativa a la Generalitat incluso en cuanto a las nóminas. Con todo, el mayor desembolso se produciría como consecuencia del tercer ERE que sería necesario aprobar para ajustar la plantilla a las necesidades de la nueva RTVV.

El mal menor sería la declaración de improcedencia, que solamente comportaría la devolución de la indemnización por despido, pero solamente cobrarían el salario de tramitación los trabajadores readmitidos, una decisión que podría corresponder a la empresa, en función de la sentencia. El próximo jueves, los integrantes del extinto comité se reunirán con los síndics del PSPV, Manolo Mata; Compromís, Fran Ferri; y Podemos, Antonio Montiel, para negociar la propuesta sindical de que en la futura Canal 9 se readmitan a los extrabajadores, al menos a los 720 que pasaron pruebas de selección a cambio de un pacto judicial. Para el resto, hasta 1.469, proponen que integren bolsas de trabajo o sean reubicados en el sector público.

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