La decisión de la dirección nacional del PP de abrir expediente informativo a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y a su antiguo equipo municipal (unas 50 personas que incluyen a ocho de los actuales nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia) podría haber abierto una grieta en el equipo municipal que hasta ahora se ha mantenido unido en su resistencia a dejar el acta, tal como les reclama la dirección regional que preside Isabel Bonig. Génova confía en que de forma inminente algunos de estos concejales imputados por blanqueo de capitales dentro de la macrocausa de la Operación Taula no resistan la presión y acaben dimitiendo de forma voluntaria. Se ahorrarían así el trago de desfilar por el Comité Nacional de Derechos y Garantías que tiene previsto interrogarlos tras las vacaciones de Semana Santa en el transcurso de un expediente informativo que podría concluir medidas disciplinarias, entre ellas, la suspensión de militancia.

Así lo dio a entender ayer en una entrevista a la Cadena Ser el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, quien indicó que en las «próximas horas o días» era probable que haya «decisiones voluntarias».«Espero que en el curso del expediente informativo las cosas se muevan», indicó Maillo. El dirigente nacional forma parte del grupo de renovadores del partido que han forzado a Mariano Rajoy a dar una respuesta más contundente ante los casos de corrupción, en especial ante la situación de la exalcadesa Rita Barberá, salpicada en la investigación del «caso Taula».

A raiz del levantamiento de secreto de sumario de la pieza relativa al blanqueo de capitales, Génova anunció una investigación interna a la exalcaldesa y a sus antiguos colaboradores en el Ayuntamiento a pesar de que las competencias sobre medidas disciplinarias pertenecen, en el caso de los concejales valencianos, al comité regional de derechos y garantías. La intromisión de Génova en este conflicto (todo apunta que para evitar señalar sólo a Barberá) es una arma de doble filo. De un lado, ha dado cierto oxígeno a los concejales que se resisten a irse. De hecho, la mayoría del grupo, sobre todo los más cercanos a Barberá, tienen intención de esperar al menos al interrogatorio de Madrid antes de decidir que hacen. Pero también es cierto, que la contundencia de Génova refuerza a Bonig en su pulso con los ediles. La presidenta del PPCV se juega parte de su liderazgo ya que se ha comprometido públicamente a echar del grupo popular a los investigados si no dimiten voluntariamente.

Por lo pronto, Bonig aplazó ayer de nuevo su ultimatum a los concejales. El PPCV tenía previsto enviarles ayer mismo una carta fijando ya el plazo en el que deben tomar una decisión. El PPCV se mantiene firme en la exigencia de que dejen el acta. Bonig se lo comunicó uno a uno en persona la semana pasada. Ahora bien, el PPCV coincide con Maillo en que en las próximas horas podría producirse alguna dimisión (dos o tres concejales estarían meditándolo), lo que evitaría el drama dejar el grupo desmantelado con solo el independiente Eusebio Monzó como representante. Bonig ya puso el freno hace unas semanas cuando pactó con los ediles esperar a que se levantara el secreto de sumario.

Maillo evidenció ayer que el día después está pesando mucho. Admitió que la situación es muy complicada ya que si todos los ediles se enrocan y se quedan como no adscritos, el PP se quedaría sin grupo municipal. Defendió que el partido ha sido contundente y negó discrepancias internas.