La Diputación de Alicante ha adjudicado en el último medio año un total de 160 contratos, por un valor algo superior a los 21 millones de euros, sin la presencia de los cargos públicos en las mesas de contratación. Ésta es una de las medidas puestas en marcha por el presidente de la institución provincial, el popular César Sánchez, en busca de mejorar la transparencia y de impulsar la regeneración política en la Diputación, tras los escándalos que se han ido sucediendo en las administraciones públicas en los últimos años. La medida se aprobó en el pleno del pasado mes de octubre, gracias a los votos del «tándem» formado por el PP (15 diputados) y Ciudadanos (1). Por el contrario, PSOE (11) y EU (1) se opusieron a que los cargos públicos no participen en la concesión de contratos públicos, mientras los tres diputados de Compromís se abstuvieron.
En los casi seis meses de vigencia de la norma, la Diputación de Alicante ha adjudicado 160 contratos a empresas para diversos servicios por un valor total de 21,4 millones de euros. El contrato más caro, relativo a la limpieza de las dependencias pertenecientes a la Diputación, supondrá un gasto de casi 4 millones de euros para las arcas de la institución. En segundo lugar, desde una perspectiva económica, el segundo contrato más «jugoso» fue concedido por un precio de 1,55 millones de euros para el servicio de seguridad privada en edificios y actos de la Diputación.
La exclusión de cargos públicos de las mesas de contratación también afecta a contratos menores, como unas obras de 5.800 euros para la ampliación de las dependencias municipales y del centro social en el municipio de Benimeli (Marina Alta), el servicio de mantenimiento y conservación de la instalación de alumbrado del túnel del Salt en Alcoy, por 6.800 euros, o los 6.000 euros para el suministro de productos de aseo personal para el Hogar Provincial.
Cuando César Sánchez anunció que los políticos iban a salir de las mesas de contratación, también apostó por retransmitir los plenos vía «streaming» y que los plenos iban a ser itinerantes. Medidas aún en cartera.
Choque político
El portavoz socialista en la Diputación, José Chulvi, se mostró en el pleno de octubre «radicalmente en contra del fondo y la forma» de una propuesta que calificó de «marketing político» y que, a su juicio, hace «presuponer que cualquier cargo político es un presunto delincuente». Chulvi argumentó su voto en contra: «Hay que dignificar la política y esta moción denigra a la clase política». En la misma línea se posionó la portavoz de EU, Raquel Pérez, quien también subrayó que la medida pretende «criminalizar a todos los políticos como corruptos». Por su parte, el diputado de Buen Gobierno, el popular Adrián Ballester, defendió la ausencia de políticos en las mesas de contratación como un gesto de «transparencia y objetividad».
La propuesta que salió adelante con los votos a favor de PP y Ciudadanos además invitaba a los ayuntamientos a sumarse a esta política de exclusión de los políticos de las contrataciones públicas. También trasladaban la iniciativa a las Cortes y al Gobierno central.
