El juez que instruye la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), Manrique Tejada, ha acordado el sobreseimiento de la causa contra el antiguo director general de Bancaja Juan Zurita y de los empresarios José Francisco Javier León Barahona y Juan José Climent, próximos al constructor Enrique Ortiz.
El magistrado titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante notificó ayer a las partes esta decisión por la que se archiva la causa contra estas tres personas, que figuraban como investigadas, término que sustituye al de imputados tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Zurita era investigado por un posible delito de recepción de información privilegiada relacionada con la nueva redacción del PGOU, referido a los terrenos de Torres de la Huerta mientras que a León Barahona y a Climent, administradores mancomunados de Dreamview S.L., se les investigaba por presuntamente cooperar para ocultar la propiedad última de Enrique Ortiz en una supuesta empresa interpuesta para hacer negocio con el nuevo planeamiento urbano de la ciudad, todo ello relacionado con el proyecto fallido de la Ciudad de la Economía.
En esta pieza separada, tras los diez sobreseimientos que, contando estos últimos, se han acordó ya, continúan aún en el procedimiento otras tantas personas en calidad de investigadas, entre ellas el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, ambos del PP, el constructor Enrique Ortiz, el arquitecto Jesús Quesada, redactor del polémico planeamiento que acabó siendo anulado por el Consell, los dos socios del despacho Salvetti (los abogados José Luis Castedo, un hermano de la exregidora, y el exedil socialista Javier Gutiérrez) y algún exdirectivo de la CAM.
El anterior archivo de las actuaciones decretado por el magistrado Tejada fue para José Gregorio Bernabé Martínez, quien estaba imputado por un delito de aprovechamiento de información privilegiada. Asesor en temas urbanísticos, a propuesta de la CAM, en la sociedad que Enrique Ortiz compartía con la caja y relacionado con la ubicación en Aguamarga de lo que se denominó Ciudad de la Economía, tampoco vio indicios el juez de que la información que recibiera procediera de un funcionario o autoridad pública.
El juez también ha cerrado el proceso para el exdirectivo de Bancaja José Cortina, de quien el instructor del proceo llegó a la conclusión que ni había obtenido información privilegiada del planteamiento urbano ni había podido probarse que hubiera conseguido algún beneficio. Las acusaciones situaban al exdirectivo como cooperador necesario para que Ortiz obtuviera de la caja de ahorros la financiación que precisaba.
