En diecisiete años y dos meses, la empresa Avialsa T35 ha resultado adjudicataria de 74,3 millones de euros en contratos de extinción aérea de incendios de la Generalitat. Concesiones logradas entre 1999 y el pasado 29 de febrero, cuando expiró la última de las prórrogas. La compañía de Vicente Huerta está investigada por la presunta compra de contratos mediante sobornos y comisiones a políticos y técnicos, empezando por el exconseller Serafín Castellano, así como por formar parte de un cartel de nueve sociedades que se repartían el mercado e hinchaban precios.
En su relación con la Generalitat, Avialsa T35, cuyo propietario fue detenido al igual que Castellano el pasado 29 de mayo, aplicaba como principio no rebajar los precios de licitación en los concursos a los que solamente ella se presentaba. Así, en las ocho adjudicaciones y prórrogas encadenadas desde 1999, solamente aplicó rebajas en el precio en dos concesiones, por un total de 6.663 euros con 65 céntimos. Poca cosa para un volumen de negocio de 74,3 millones. Con Serafín Castellano en Gobernación, a partir de junio de 2007, Huerta introdujo un nuevo elemento en la relación comercial: el incumplimiento de contrato. Un comportamiento que, sin embargo, no fue penalizado por la Generalitat. Vicente Huerta apenas tuvo que pagar una multa de 2.831 euros por no ajustarse a las condiciones pactadas. Fue por una deficiencia en el dispositivo de localización de una de las avionetas, según explicó ayer el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel.
El principal de los incumplimientos tiene bastante más calado aunque quedó totalmente impune. Lo contó este diario el 29 de marzo de 2014. Castellano adjudicó el 1 de enero de 2008 un contrato de dos años por 11,17 millones a Avialsa T35. El pliego de condiciones exigía un modelo de avionetas Air Tractor (AT502B) del que Avialsa T35 dijo, tras llevarse la adjudicación, no disponer por retrasos en la fabricación de las unidades presuntamente encargadas. Ni en la primera ni en la segunda campaña llegaron nunca los nuevos aviones, que fueron reemplazados por viejas avionetas Drómader. Pese a la reducción de la calidad del servicio y no ajustarse al pliego, Castellano no penalizó a Vicente Huerta ni le rescindió el contrato. Al contrario: le otorgó una prórroga (del 1 enero al 23 febrero de 2010) por 344.503 euros.
El nuevo Consell de izquierdas ha impuesto, por contra, 200.000 euros en denuncias al Grupo Inaer por infringir sus obligaciones como contratista de los helicópteros de urgencias sanitarias y antiincendios de la Generalitat. Avialsa T35, Inaer y otras siete empresas están acusadas de concertar precios y repartirse el mercado en reuniones celebradas en Manzanares (Ciudad Real) de las que se levantó acta. Cometían un presunto fraude añadido al facturar un volumen de horas de vuelo pactadas en el pliego de condiciones que superaba ampliamente el servicio realmente prestado.
El actual Consell ha presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un informe detallado sobre los contratos de la Generalitat con Avialsa T35, para que estudie si se incumplió la ley y aplique sanciones.
