La presidenta del PP regional, Isabel Bonig, pidió ayer a los nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia «investigados» en la pieza separada de la operación Taula que cumplan lo pactado en su día y dejen su acta de concejal, petición que se les hará formalmente la próxima semana con un plazo de tiempo para que adopten una decisión. Si se niegan a ello, se aplicarán los estatutos del partido, que para el caso de desobedecer una directriz de este tipo, prevé su expulsión inmediata.
Bonig se reunió ayer por separado con seis de los ediles (Vicente Igual, Beatriz Simón, Cristóbal Grau, Lourdes Bernal, Mª Àngels Ramón-Llin y Félix Crespo) y hoy lo hará con Alberto Mendoza y María Jesús Puchalt que no pudieron acudir por motivos personales. El día anterior se había visto ya con Alfonso Novo.
En una reunión calificada por Eva Ortiz, secretaria general del PP regional, como «tranquila y normal en un ambiente complicado», Bonig les recordó uno a uno que cuando salió a la luz el presunto blanqueo de dinero consistente en dar 1.000 euros para la campaña electoral y luego recuperarlos en efectivo, llegaron al acuerdo de esperar al levantamiento del secreto del sumario para entregar el acta de concejales si seguían imputados.
Ese momento ya habría llegado y por tanto les ha pedido que cumplan lo pactado. Formalmente se lo comunicarán la próxima semana y a partir de ahí tendrán un plazo, no definido, para tomar una decisión personal. Si no dimiten y dejan el ayuntamiento, lo considerarán un incumplimiento de las directrices del partido y, con los estatutos en la mano, serán expulsados.
Eva Ortiz quiso destacar que no se está vulnerando la presunción de inocencia de nadie, sino exigiendo responsabilidades políticas. Y en el partido «confían» en que «cumplan aquello a lo que se comprometieron».
Los concejales se resisten
Los ediles, sin embargo, no están dispuestos a marcharse, al menos por el momento, y así se lo dijeron ayer a Isabel Bonig. Por la mañana habían tenido una reunión en el grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia y habían pactado una respuesta común, contundente y enérgica, con dos argumentos concluyentes para ellos, según informaron fuentes del grupo municipal.
El primero es que una vez levantado el secreto del sumario el juez no ha confirmado en un auto su condición de «investigados», que era el momento en el que voluntariamente debían dejar sus actas de concejales y marcharse. Ahora cada uno de ellos pedirá el sobreseimiento de la causa y entonces el magistrado se verá obligado a tomar esa decisión, pero ese momento procesal aún no ha llegado, insisten.
Y el segundo, más importante que el anterior, es que el Partido Popular de Madrid, más exactamente el Comité de Derechos y Garantías, les ha abierto un expediente a ellos y a la exalcaldesa Rita Barberá para decidir su futuro en el partido, un expediente que jerárquicamente «está por encima» de la decisiones que se puedan tomar en Valencia y al que los concejales se han agarrado como un clavo ardiendo.
En realidad, lo que parecía un paso decisivo de la dirección nacional del PP para acabar con este problema y quitar munición a la oposición en pleno debate sobre el futuro gobierno de España, se ha convertido en la tabla de salvación de los concejales populares.
«Ahora estamos sometidos a Madrid, así que ahora la dirección regional de Valencia puede pedir lo que quiera, porque es el PP nacional el que tiene la sartén por el mando», dijeron las citadas fuentes.
Los concejales están dispuestos a colaborar con el instructor del expediente que designe el partido y lo harán con la mejor disposición, dicen, porque precisamente lo que quieren es ser escuchados y poder defenderse de las acusaciones.
Tras el levantamiento del secreto del sumario insisten en que no hay pruebas concluyentes de la comisión de un delito de blanqueo de dinero y eso es lo que quieren trasladar al instructor, aseguran.
Además, suponen que la Comisión de Derechos y Garantías se ceñirá a lo dispuesto en los estatutos del partido acerca del momento de expulsar a sus militantes, que es cuando se abra juicio oral, no antes.
Interpretación de los estatutos
Y ahí es donde surgirá ahora el conflicto, porque la interpretación de los estatutos no es la misma. Los concejales dicen que la línea roja está en la apertura del juicio oral, pero el partido cree que esa línea roja es para asuntos administrativos, no para casos de corrupción como éste.
Consultados esos estatutos, en su articulado se dispone para «cualquier forma de corrupción» la apertura de «expediente informativo» cuando haya «una imputación judicial», expediente que será «disciplinario» cuando se produzca el señalamiento del juicio oral. La resolución de dicho expediente tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento.
