Todo el mundo sabe en el PP que las opciones de retener el Gobierno de España son remotas. Por no decir inexistentes. El escenario se ha decorado de tal manera que o llega a La Moncloa el socialista Pedro Sánchez; o vamos directos a una repetición de las elecciones. No hay otras alternativas. Nuevos comicios en los que, escaño arriba o escaño abajo, el resultado volvería a dejar la configuración del ejecutivo en manos del diálogo y de los pactos. Queda aún mucho tiempo para primeros de mayo cuando esa nueva cita con las urnas se convocaría de forma automática. No es el momento aún de los pactos. En el supuesto de que Pedro Sánchez lograra formar gobierno, de hecho, lo hará sobre la bocina. En el último minuto. Apunten una fecha: la última semana de abril. Los populares hablan de una imposible «gran coalición» entre la derecha y la izquierda; los socialistas de un gobierno «a la portuguesa» monocolor con apoyos externos; y Compromís o Podemos de un ejecutivo de coalición «a la valenciana». Pero lo cierto, sin embargo, es que si finalmente Pedro Sánchez consigue triunfar en un segundo debate de investidura será «a la catalana»: «in extremis» y justo antes de que venzan los plazos legales.
La verdad es que, en estos momentos, al PP ya no le interesa repetir unas elecciones en las que, como ahora, tendrían casi imposible mantener el gobierno. Sería alargar la agonía de una organización que está necesitada de una profunda renovación. Así que sin opción de repetir en La Moncloa y con las grandes instituciones de la Comunidad -la Generalitat y los principales municipios- en manos de la izquierda, a los populares les interesa iniciar de inmediato la «travesía en el desierto» para estar cuanto antes en condiciones de volver a asaltar el poder. A golpe de investigación por corrupción y de una herencia que evidencia un auténtico caos en la gestión de los últimos años, se ha desvanecido, como reconocen en la sala de mando popular, ese discurso que consiguió hilvanar el PP y que le había convertido en la fuerza política que a la vista de los ciudadanos mejor defendía los intereses de la Comunidad.
Los notables de los populares valencianos preparan, como primera vía, un congreso extraordinario no sólo para renovar la antigua ejecutiva que diseñó Alberto Fabra sino también, por extensión y como denuncian cargos populares, para blindarse al frente del PP con Isabel Bonig como cabeza visible. Ninguno de los que aparecen en ese movimiento son nuevos en la vida de la formación. Todo lo contrario. Han estado en la gestión pública y también en la cocina del partido. Es un intento de coger esa bandera a sabiendas de que arrastran un déficit de credibilidad y de que, posiblemente, la mayoría de los que se pongan detrás de esa manifestación no llegarán a la otra orilla. Hace unos días, con ese panorama, el antiguo presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sugirió durante una comparecencia pública tras conocerse que la Policía le sitúa en el epicentro de la financiación ilegal del PP, que no descartaba presentarse a las primarias que se convocarán en el partido para elegir a la nueva dirección regional. Dicho y hecho, Camps, responsable como señala el Gobierno de gran parte de la mala gestión que llevó al Consell a la quiebra, lleva días descolgando el teléfono para explorar la posibilidad de impulsar ese movimiento y atraerse a cargos populares en una conspiración que, por otra parte, todo el mundo sabe que no va a ningún sitio.
El desprestigio de la figura del exjefe del Consell es de tal calibre que genera indignación pensar que, a estas alturas y después de lo que se conoce de su labor en la Generalitat, a día de hoy, Francisco Camps siga cobrando del erario público con las prebendas que le concede el estatuto de expresidentes. Esta segunda vía imposible no pasaría de ser una simple anécdota con poca gracia sino fuera porque, a su vez, la salida a la palestra de Camps y la situación de Rita Barberá ha alimentado una opción que abre otra puerta más en las filas del PP. La voz cantante en Génova a favor de aplicar «mano dura» contra la que fuera alcaldesa de Valencia y una de las figuras más emblemáticas de los populares la han encarnado «jóvenes» dirigentes de nuevo cuño como Pablo Casado, Javier Maroto o Fernando Martínez Maíllo, entre otros. Y eso perfila una nueva aristocracia dirigente en el PP de cara a un inminente congreso nacional.
¿Sería posible una «tercera vía» en la Comunidad Valenciana abanderada por nuevos dirigentes, alejados de la gestión de Camps y Fabra en el Consell y que, a su vez, pudieran recuperar un mensaje creíble para volver a conectar con la gente? Ese es el interrogante que se plantean, en estos momentos, una serie de cargos populares con el mismo perfil: jóvenes que no han ocupado puestos en la primera fila del PP y que temen que blindar a dirigentes que vienen del pasado más reciente entierre cualquier opción de mejora para su partido a medio plazo. Un partido que, además, se enfrenta en los próximos meses a los efectos del ruido interno que siempre provocan los procesos congresuales y a un durísimo calendario de investigaciones por corrupción que se convierten en un mazazo para las aspiraciones de intentar remontar el vuelo.
Ese movimiento, todavía larvado e incipiente en tanto que ni siquiera Génova ha fijado la fecha del congreso regional a la espera de cómo se cierran las negociaciones para formar gobierno en Madrid, adelanta una decisión que, en su momento, tendrá que abordar el PP de Alicante: optar entre la continuidad de José Císcar, fichado en su día por Joaquín Ripoll, al que luego «mató» políticamente por orden de Camps, para después ejercer vicepresidente «sin feeling» con Alberto Fabra; o apostar por la figura de César Sánchez, titular de la Diputación y que en su día ejerció como asesor de Camps en el Consell. Tradicionalmente el PP siempre ha optado por unir el liderazgo en el Palacio Provincial con el del partido. Y esa cuestión ya está en las conversaciones, todavía privadas, de algunos dirigentes del PP. Antes o después, esa caja se terminará por abrir. Es inevitable. Ley de vida.
La otra gran «patata caliente» que deben abordar los populares en la provincia es la resolución de la crisis en la ciudad de Alicante. Siempre una crisis en la capital tiene un efecto sobre el resto del territorio. El presidente del PP, José Císcar, decidió aplazar el nombramiento de la gestora local para evitar que se solapara con el nombramiento de la de Valencia, obligada por las investigaciones de la «Operación Taula». Propuestas como las del hasta ahora subdelegado del Gobierno, Alberto Martínez, para autopostularse como aspirante a dirigir la gestora han levantado ampollas en sectores del PP. La maniobra que se está «cociendo» pasa por dar un vuelco completo y total a la organización a la vez que unir el liderazgo del grupo municipal, dirigido ahora por Luis Barcala, con el del partido, una ficha que colocaría al edil en una posición inmejorable para preparar las elecciones municipales de 2019. Muchas vías abiertas y todavía sin resolver para un partido al que no le queda otra que «procesionar» con un largo «vía crucis» por delante.
