Ricardo Fuster, el empresario valenciano investigado por cohecho por el pago del jet privado en el que el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la exconcejala Sonia Alegría viajaron a Creta en agosto de 2008, acaba de solicitar al magistrado Manrique Tejada que archive las actuaciones para él porque si abonó los 36.000 euros que costó el alquiler del aparato fue porque se lo pidió Alperi, del que era amigo desde hacía tiempo, «sin que por ese favor personal esperara recibir nada a cambio».
Así se lo ha comunicado al instructor del proceso que investiga presuntos amaños en el PGOU de Alicante, Manrique Tejada, en un escrito presentado dos semanas después de que ratificara ante el magistrado que el hombre de confianza del empresario Enrique Ortiz en Valencia le devolvió al final el dinero que él que reclamó inicialmente al exalcalde sin mucho éxito. Tanto Alperi como Ortiz, además de la exalcaldesa Sonia Castedo y el propio Fuster, entre otros, figuran como investigados en esta causa, donde se trata de averiguar si los políticos del PP facilitaron a Ortiz datos reservados del planeamiento de la ciudad a cambio de regalos, donde se enmarca el polémico viaje a Creta.
En el escrito elaborado por su abogado, Fuster asevera que «nunca tuvo intención de regalar al sr. Alperi un vuelo de ida y vuelta a Creta, ni su equivalente en dinero, y si adelantó esta cantidad fue con motivo de su antigua amistad y para promesa de su inmediata devolución». Como esa inmediatez no se produjo, continúa explicando, «se vio obligado a emitir una factura contra la empresa Ortiz e Hijosfactura , lo cual hizo por indicación del propio Alperi», un documento que no existiría de haberse tratado de una dádiva», precisa.
Sobre el hecho de que la factura fuera consignada en la contabilidad de una de las mercantiles de Fuster bajo el concepto de «publicidad y propaganda», explica el empresario que «fue decisión de la persona encargada de las cuentas que, debiendo cuadrar el libro diario, carecía de información sobre los motivos del pago».
El letrado de Fuster insiste en que su cliente nunca ha tenido una relación profesional o empresarial con Alperi como tampoco la ha tenido con «instituciones oficiales ni se ha beneficiado ni intentado beneficiar de decisiones de autoridades públicas».
La venta del Mercedes
Hace también alusión la defensa de Fuster en su escrito al Mercedes que una de sus empresas adquirió en 2007 por 96.00 euros y dos años después vendió a Alperi por 48.000, una transacción que, según afirma, el exregidor pagó mediante un cheque sin que exista ninguna irregularidad como tampoco se han encontrado, precisa, en las cuentas y productos bancarios investigados por la Policía en el curso de este procedimiento.
El abogado alude al resultado de las indagaciones policiales para concluir que su cliente «no ha realizado dádiva, presente, ofrecimiento ni promesa a funcionario ni autoridad pública, ni ha atendido solicitud alguna para la realización de las mismas, así como tampoco ha obtenido información de funcionarios ni autoridad pública ni se ha visto beneficiado por contratas públicas ni de ninguna otra forma».
