Mismos partidos, pero distinta posición según sea una ciudad u otra. Mientras que el PP y Ciudadanos tumbaron hace dos semanas en la Diputación de Alicante la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los populares en los últimos doce años, ayer los mismos partidos, pero en la Diputación de Valencia, sí dieron sus votos a una comisión sobre corrupción.
El pleno de la institución provincial de Valencia aprobó, con el voto unánime de todos los partidos, la constitución de la comisión de investigación del caso Imelsa, sobre el presunto amaño de contratos en administraciones gobernadas por el PP.
Las funciones de esta comisión serán las de concretar y dirimir las responsabilidades políticas, una vez levantado el secreto de sumario, exigir a los responsables la devolución del dinero defraudado y crear un equipo de trabajo con la participación de la ciudadanía que audite la contratación y cuentas de la Diputación y organismos dependientes como Imelsa.
La Diputación de Valencia, gobernada por el cuatripartito formado por PSOE, Compromís, EU y Valencia en Comú con el socialista Jorge Rodríguez al frente, presentó la iniciativa, a la que no dudaron en sumarse el PP y Ciudadanos. De hecho, la portavoz del PP, Carmen Contelles, aseguró que «rechaza la corrupción venga del partido que venga» y que se suma a la constitución de la comisión con el objetivo de volver a «dignificar las instituciones y no se hagan circos mediáticos».
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, José Enrique Aguar, explicó que se sumaron a la propuesta «en aras a la transparencia y la legalidad», así como para pedir responsabilidades políticas a los implicados en casos de corrupción.
Esta contundencia de PP y Ciudadanos choca con la posición mantenida hace quince días, el 2 de marzo, en la Diputación de Alicante. Como ya informó este diario, los dos partidos torpedearon la constitución de una comisión de investigación que sacará a la luz los últimos doce años de gestión del PP, bajo los mandatos de José Joaquín Ripoll y Luisa Pastor, analizando posibles vinculaciones con el caso Brugal y conexiones con el caso Taula, así como las subvenciones que se repartieron en ese tiempo y la contratación de personal.
El PP, que gobierna la Diputación con el apoyo de Ciudadanos, contó con el voto del único diputado de la formación naranja, Fernando Sepulcre, para aprobar, en lugar de una comisión de investigación, una auditoría externa sobre la gestión de los populares, una iniciativa sobre la que tuvo dudas de su legalidad hasta la interventora general.
C's dio un paso más en su cambio de criterio según esté en una u otra institución al proponer un día después, el 3 de marzo, el síndic del partido en las Cortes, Alexis Marí, que se modificase el reglamento del parlamento para incluir una comisión permanente de lucha contra la corrupción.
