El Partido Popular de la Comunitat trató ayer de sobrellevar una nueva jornada trágica para sus intereses después de que el juez decidiera imputar a la propia formación como persona jurídica por presunto blanqueo de capitales. La presidenta, Isabel Bonig, reclamó «prudencia» después del levantamiento del sumario en la parte que afecta a los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados y aseguró que el partido estaba analizando la nueva documentación. La dirigente popular remarca que será entonces cuando se tomaran las decisiones oportunas.
Bonig sostiene que la posición de la dirección regional «está muy clara» y que la postura a adoptar no ha variado. «Si los concejales continúan en su calidad de investigados y hay pruebas se les solicitará la entrega del acta», señaló ayer. De hecho, la presidenta de los populares siempre ha mantenido que tenía un acuerdo con los concejales de Valencia para que abandonaran el acta cuando se abriera el secreto de sumario tras el estallido de la operación policial y judicial relacionada con el caso Imelsa el pasado mes de enero y que derivó en una investigación al grupo municipal por presunto blanqueo de capitales. El juzgado número 18 investiga a medio centenar de concejales y exconcejales y asesores municipales.
Tras la reunión con los concejales cuando estalló la primera crisis, la líder del PP valenciano ya explicó que pediría el acta a los cargos municipales una vez se produjera la apertura de sumario si seguían investigados y se mantenían pruebas en su contra, como ocurrió ayer. Lo hizo para ganar tiempo tras asegurar con anterioridad que les pediría el acta si acudían a declarar como investigados, actual calificación de imputados. Según dijo entonces, su decisión iba a ser aceptada por los concejales, aunque ésto han mostrado reticencias.
El juez decidió ayer levantar el secreto de sumario de la causa, así como confirmar la imputación del PP como persona jurídica y el ofrecimiento a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al que fue uno de sus concejales, hoy diputado autonómico, Miquel Domínguez de tomarles declaración de forma voluntaria antes de elevar el procedimiento al Tribunal Supremo y las Corts respectivamente por su calidad de aforados.
«No somos organización criminal»
Bonig sí se refirió en otras declaraciones a la agencia Efe a la imputación del propio partido, una «cuestión nueva» que se produce por la modificación del Código Penal, que hizo el PP. «No es una sensación agradable», señaló Bonig que reiteró que se deberá decidir «en base a qué pruebas ha decidido su señoría» y «los representantes legales harán todas las medidas necesarias».
En una declaración reciente en las Corts, Bonig aseguró que el PP no era ninguna trama corrupta y añadió que su partido se siente insultado y criminalizado «todos los días» porque se le «falta de respeto», aunque desde la formación desean que se resuelvan los casos de corrupción «caiga quien caiga». «Ya está bien, ni somos una organización criminal ni unos apestados», dijo entonces, apenas días antes de que se conociera que el propio PP de Valencia figura entre los investigados como persona jurídica.
