La redacción de la nueva ley del estatuto de expresidentes de la Generalitat no tiene aún la unanimidad de los tres grupos que sustentan al Consell, PSPV, Compromís y Podemos. Las tres formaciones quieren modificar la norma para rebajar los privilegios a los que tienen derecho quienes han ocupado la más alta representación institucional en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, la posible eliminación de la remuneración a la que tienen derecho los exjefes del Consell que deciden formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC), como ocurre con el expresidente Francisco Camps, se ha convertido en el principal escollo.

Podemos defiende que los expresidentes tienen que tener el reconocimiento y el homenaje público y gozar de algunas facilidades y servicios, pero rechaza de plano que puedan cobrar un sueldo de carácter vitalicio. En la negociación también se habla del resto de privilegios como el coche oficial o asistente, del que dispone el expresidente Alberto Fabra, pero el principal escollo es la remuneración a través del CJC, que el PSPV se resiste a eliminar, pero Podemos considera que está fuera de cualquier lógica en la situación de necesidad que viven muchas familias.

En este sentido se admite que pueda existir un período de «descompresión» tras pasar por la presidencia, pero defienden que los expresidentes deben reincorporarse pasado un tiempo prudencial a su actividad civil, lo que ahondaría, entienden, en un mensaje a la sociedad de que no existen políticos profesionales, sino personas que se dedican un tiempo a la actividad pública. Podemos presentó en octubre una proposición de ley para derogar las prerrogativas actuales, que conceden medios materiales y de personal a los expresidentes.