La instrucción judicial de las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja ha dado un paso más hacia el juicio. Después de que hace un mes la juez de Orihuela dictara el auto de procesamiento para los implicados, la Fiscalía ha presentado esta semana acusación contra trece personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. En total se reclaman penas para todos que suman 135 años de cárcel. Otras piezas separadas del caso Brugal siguen empantanadas enlos juzgados en la resolución de los últimos recursos.
BASURAS DE ORIHUELA
Presuntos sobornos en la contrata de recogida de residuos
La investigación con la que arrancó el llamado caso Brugal y que luego se fue enredando en distintas líneas de investigación con las supuestas irregularidades descubiertas por la Policía como consecuencia de las escuchas telefónicas a los implicados. El juzgado indaga supuestos sobornos en la adjudicación del concurso de basuras en el Ayuntamiento de Orihuela. La magistrada procesó en octubre de 2014 a 35 personas, entre ellas los exalcaldes populares Mónica Lorente y José Manuel Medina, así como Ángel Fenoll. El caso está a la espera de que la Audiencia resuelva los últimos recursos para que el fiscal presente escrito de acusación.
BASURAS DE CALP
Sobrecostes en los residuos tratados en la Marina Alta
Un juzgado de Dénia ha investigado si el empresario Ángel Fenoll cobraba de más por las basuras que entraban en la planta de Colsur en Calp, así como supuestos sobornos del empresario para lograr la contrata de la basura. Tras dos años en los que se ha estudiado si se deja fuera o no del caso a los políticos, el juez ha procesado a ocho personas, entre ellos Fenoll y el exalcalde Javier Morató. El fiscal debe presentar ahora escrito de acusación.
DELITO AMBIENTAL
Basuras enterradas en fincas agrícolas de Orihuela
Un juzgado de Orihuela investiga si entre los años 2008 y 2011 se enterraron cerca de un millón de toneladas de basuras en fincas agrícolas de este término municipal sin ningún tipo de autorización. Un total de siete personas han sido procesadas por la juez, entre ellas Fenoll y ahora el fiscal debe presentar su acusación.
PGOU DE ALICANTE
Presuntos amaños en la tramitación del Plan General
Un juez investiga si el empresario Enrique Ortiz recibió información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de Alicante cuando todavía se trataba de información reservada por parte de las autoridades municipales de la ciudad a cambio de dádivas y regalos. Entre los investigados, además de Ortiz, están los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. Tras el archivo del caso para una decena de imputados, la instrucción judicial está a punto de terminar y el juez podría empezar a redactar el auto de pase a procedimiento abreviado que pondrá fin a la larga instrucción judicial.
PLAN RABASA
Irregularidades en la aprobación del macroplan
Sonia Castedo dimitió de la Alcaldía de Alicante en diciembre de 2014 tras su imputación en la investigación judicial del Plan Rabasa. El juzgado investiga un presunto trato de favor del Ayuntamiento a Enrique Ortiz en la tramitación del macroplan urbanístico. Tras la marcha del juez instructor a un nuevo destino en la Audiencia hace más de un año, pocos avances ha habido en la investigación. Aún está por decidir la citación a declarar como investigados de dos técnicos del ministerio de Fomento y otros testigos, como la cúpula de Ikea.
ALZAMIENTO DE BIENES
Los camiones desaparecidos en el concurso de Autisa
Rafael Gregory, uno de los intermediadores considerados clave en la investigación del caso Brugal, está acusado de haber alzado bienes de su empresa de camiones, Autisa, que tenía abierto en un juzgado un concurso de acreedores. La investigación ya está acabada y ha sido enviada a un juzgado de lo Penal para ser juzgada, con quince acusados en el banquillo como presuntos responsables del entramado para hacer desaparecer medio centenar de camiones. El fiscal pide para los hermanos Rafael y José Vicente Gregory doce años de cárcel por estos hechos.
PISTOLA EN CÍVICA
Un revólver hallado en la caja fuerte de la oficina de Ortiz
Durante los registros del caso Brugal, la Policía encontró en la caja fuerte de Cívica, la empresa de Enrique Ortiz, un revólver sin licencia. Ortiz y otros tres empleados con acceso a la caja fueron acusados de un delito de tenencia ilícita de armas. Un juzgado de lo Penal les absolvió al asumir uno de ellos la responsabilidad de haber guardado allí el arma sin que los otros lo supieran. Para ese empleado los hechos habían prescrito. La Fiscalía apeló y la Audiencia está pendiente de resolver desde octubre de 2014.
HACIENDA
Filtración de datos reservados de la Agencia Tributaria
La primera condena por el caso Brugal. La Audiencia de Alicante impuso el pasado mes de septiembre dos años de prisión a una funcionaria de la Agencia Tributaria y a un asesor de Fenoll por haberle facilitado datos reservados sobre las declaraciones al fisco del empresario y de su familia. La sentencia avaló las polémicas escuchas en las que se apoyó la investigación. En estos momentos, la causa se encuentra en el Tribunal Supremo, tras haber apelado el fallo los abogados de los dos acusados.
