El PP de la Comunidad escenificó ayer su frente común de rechazo a los decretos del Consell que toman el control de las diputaciones y reunió a la lideresa regional, Isabel Bonig, y los dos presidentes de las instituciones provinciales de Alicante y Castellón para anunciar la presentación de mociones en todos los ayuntamientos contra la iniciativa de la Generalitat que pretende «desmantelar la estructura provincial». Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, reclamó a los dirigentes populares que dejen de usar las instituciones para generar «frentismo» y «discursos de confrontación»generar «frentismo» y «discursos de confrontación», al tiempo que recalcó que los decretos persiguen una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos y han sido elaborados con el consenso del sector. Los socialistas también movieron ficha ayer para dar réplica a la estrategia de defensa conjunta del PP y exigieron a Bonig que deje «de alentar rebeliones contra la Generalitat» y pida al presidente Rajoy que cumpla sus compromisos turísticos con la Comunidad Valenciana.

Justo un mes después del anuncio por parte del presidente de la Generalitat de los decretos que intervienen las competencias de las diputaciones, la cúpula regional del PP intentó transmitir una imagen de fuerza y «unidad en la defensa de los gobiernos provinciales» al reunir a Bonig con César Sánchez y Javier Moliner, presidentes de las dos instituciones más importantes que siguen en manos populares tras la debacle de las últimas elecciones municipales y autonómicas en mayo pasado.

Tras criticar «la imposición» de los decretos «que van en contra de la autonomía local» y de los servicios que las diputaciones prestan a los ciudadanos, Bonig anunció que el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos como «firme defensa de las corporaciones provinciales para que no se pongan en riesgo» los servicios que reciben los vecinos. Sólo en el caso de la provincia de Alicante, los populares cifran en 8,2 los millones de euros al año que el Consell pasaría a administrar del presupuesto en turismo y deportes que gestiona la institución presidida por César Sánchez. De confirmarse los planes de la Generalitat sobre otros dos decretos para asumir las áreas de Cultura y Carreteras, a esa cifra habría que sumar otros 11 millones y un total de 800 iniciativas culturales.

Además de las mociones en todos los ayuntamientos, los populares ultiman una defensa jurídica conjunta de la autonomía de las diputaciones de Alicante y Castellón para presentar un recurso contra los decretos aprobados por el pleno del Consell el pasado día 4 tras dos semanas de aplazamiento en las que se intentó buscar un mayor consenso con los populares y los profesionales del sector turístico.

Frente a la tesis de la Generalitat de la necesidad de una mayor coordinación en las políticas turísticas, los dirigentes del PP recalcan que las diputaciones de Alicante y Castellón ya llevan a cabo, respectivamente, más de 60 y 115 acciones conjuntas con la secretaría autonómica de Turismo.

«El presidente Ximo Puig tiene que ser respetuoso con el territorio», destacó ayer César Sánchez. «Y debe trabajar para vertebrar, no para dividir», añadió. El presidente de la Diputación alicantina rechazó el «ataque frontal» que supone la intervención del Consell sobre turismo y deporte y defendió los convenios como una fórmula de colaboración entre las instituciones mucho más recomendable que la del decreto.

«Sin las diputaciones sería imposible sostener los pueblos pequeños, ya que los ciudadanos de estos municipios tendrían que pagar impuestos imposibles», agregó Sánchez, que recordó que el 80 por ciento de los municipios de la provincia de Alicante tienen menos de 5.000 habitantes.

El presidente de la Diputación alicantina presumió de que las diputaciones son «instituciones saneadas, eficientes y que garantizan recursos», por contraposición a la Generalitat, «que en estos momentos tiene una deuda de 40.000 millones de euros». Como era previsible, Sánchez omitió que esa astronómica deuda procede, en su inmensa mayoría, de la gestión de los anteriores gobiernos autonómicos del PP.

Finalmente, el responsable del «gobierno provincial» acusó a Ximo Puig de «dejación de funciones» y recalcó que la institución provincial invierte unos 30 millones de euros en bienestar social, «en competencias que corresponden al Gobierno valenciano». También denunció «injerencias» del Consell en ámbitos como Xarxa Llibres, donde busca, según Sánchez, «el yo invito y tú pagas».

Un viernes más, la réplica del Consell llegó por parte de la vicepresidenta Mónica Oltra, que reiteró que los decretos han sido «suficientemente consensuados» en aras a la eficacia y la coordinación y que el Ejecutivo ha cedido en aspectos como la paridad de miembros en el consejo de coordinación. Sin citarlos expresamente, Oltra se refirió a los dirigentes del PP para lamentar que las instituciones se conciban como un lugar «donde uno va a lucirse y a generar discursos partidistas, de confrontación y frentismo», cuando, en realidad, «están para regular y gestionar de manera que demos mejor servicio a los ciudadanos».