Un informe de la Intervención General de la Generalitat ha detectado la existencia en 2014 de un total de 188.833 facturas «en los cajones» pendientes de pago por un importe global de 860,4 millones de euros. No obstante, esta cantidad se ha ido amortizando durante el año pasado con los aportes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según explicaron ayer fuentes del Consell, que ha encargado ya la mejora del funcionamiento del Registro Único de Facturas (RUF) para intentar acabar con este descontrol de la contabilidad.
Según el desglose del citado informe, a 31 de diciembre de 2014 existían todavía 2.070 facturas inscritas en el RUF en 2012 y 2013 por importe de 33,4 millones de euros, que se encontraban sin regularizar. El saldo pendiente de aplicar al presupuesto correspondiente al registro de 2014 ascendía a 786,6 millones de euros, con un volumen de facturas de 181.538. Además, en el informe de la Intervención se incluyen un total de 5.225 facturas por importe de 40,3 millones que, con fecha del año 2014 o anteriores, se registraron en el RUF de 2015 tras el cierre del sistema en febrero.
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, explicó ayer que el 95% de estas facturas pendientes de pago en 2014 corresponden al área de sanidad, en tanto que el 94,8 % de la facturas aplicadas al registro durante ese año tenían un plazo medio de gestión de 182 días, que superaba, con mucho, el plazo legal fijado en 15 días.
Oltra destacó tras el pleno del Consell que destacado que el Registro único se creó para que no hubiera «facturas en los cajones», tras haberse «escondido» justificantes de pago de sanidad en la época del anterior Consell.
El régimen de supervisión y control del Registro de Facturas es ejercido por la Intervención General de la Generalitat, mediante la utilización de técnicas de auditoría y el conocido ayer y elaborado en 2015 es el tercer informe específico que elabora al respecto. «El objetivo de estas pautas de procedimiento es contribuir a que la Administración valenciana gane en eficiencia, transparencia y credibilidad», explicaron fuentes del Consell, «además de unificar los criterios a la hora de inscribir las facturas en el registro».
Se buscan «mordidas» del 3%
Por otra parte, Oltra confirmó que el Consell está buscando posibles casos de comisiones ilegales por parte de gobiernos del PP tras la petición de la CE sobre proyectos cofinanciados por fondos europeos que puedan estar afectados por la corrupción y por «mordidas» del 3%. «Corrupción no es un término ligado al pueblo valenciano, sino ligado al PP, y no es sinónimo de Comunidad Valenciana, sino de antiguos gestores del PP en esta comunidad y en otras», dijo.
Por último, Oltra se declaró «encantada» de poder «colaborar» con las «prácticas jurídicas» del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en relación con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de declararse no competente para celebrar el acto de conciliación previo a la presentación de una querella por injurias que había solicitado el expresidente, al que le recordó su vínculo con la trama corrupta de Gürtel.
