Los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Javier Moliner y César Sánchez, respectivamente, cerraron ayer filas en torno a las líneas rojas de la lideresa del PP de la Comunidad, Isabel Bonig, dispuesta a pedir al responsable del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, un paso atrás si es citado a declarar como imputado en el caso Taula. Moliner, responsable del PP en la provincia de Castellón, y Sánchez, máximo responsable del principal bastión popular en Alicante, evitaron ayer opinar sobre la situación política de Betoret, que ha quedado salpicado por la investigación del caso Imelsa y podría ser llamado a declarar.

Ambos, que ayer comparecieron junto a Bonig en una rueda de prensa para hablar del decreto aprobado por el Consell sobre las diputaciones, rehuyeron pronunciarse, aunque sí dejaron claro que respaldarán a Bonig en las medidas disciplinarias.

La posición de la calle Quart de que aquellos investigados por corrupción deben dejar sus responsabilidades en el partido y el escaño una vez levantado el secreto de sumario ha abierto una brecha en la formación. Se originó en Valencia hace semanas (los concejales cuestionan que tengan que dejar el acta) y el pasado jueves se extendió a la provincia cuando el propio Betoret evitó asumirlas en una rueda de prensa. Su mano derecha, el nuevo secretario provincial, Vicente Ferrer, mostró públicamente su desacuerdo y llegó a tildar de «ridículo» que se pida el acta a todos los concejales cuando se levante el secreto de sumario sin antes estudiar caso a caso.

Moliner indicó que las líneas rojas de Bonig tienen su total respaldo. Del mismo modo, el jefe de la Diputación de Alicante apostilló que las tres provincias están unidas en torno a Bonig: «El PP de la Comunidad sólo tiene una líder y esa es Bonig», manifestó. Sánchez se escudó en que carecía de cargo orgánico en Alicante para pronunciarse sobre Betoret. Con todo, la posición de mano dura de la provincia dirigida por José Císcar es la que menos aristas presenta. El barón provincial está convencido de que sólo apartando a las personas salpicadas será posible la renovación del proyecto.

Por su parte, la presidenta regional del PP pidió prudencia y responsabilidad respecto a Betoret. «No me gusta hablar de líneas, porque nosotros aplicamos los Estatutos», indicó. Ahora bien, distinguió entre cuestiones administrativas y presuntos casos de corrupción. La lideresa no quiso adelantar acontecimientos porque existe un secreto de sumario. «Aquí de momento no hay ni pruebas, sino lo que dice una persona que está implicada», en referencia al exgerente de Imelsa Marcos Benavent. «Nos parece muy bien que colabore con la Justicia, que tire de la manta, pero que aporte pruebas», reclamó. «Si la Justicia cita a una persona será porque habrá un mínimo de pruebas», apostilló. «Se tomarán las medidas que correspondan», indicó, al tiempo que descartó que Betoret vaya a enrocarse.