10 de marzo de 2016
10.03.2016
Ayudas de Bruselas a proyectos de la Comunidad

La UE congela los fondos europeos investigados por mordidas del 3%

Bruselas pide al Gobierno que remita en un mes la lista de organismos y empresas incluidos en causas judiciales

11.03.2016 | 01:25

La Comunidad Valenciana, definitivamente, no goza de buen cartel en Bruselas. La Comisión Europea abrió una investigación por el presunto uso fraudulento de los fondos Ruralter, puso en solfa la política urbanística valenciana y ahora ha decidido intervenir para fiscalizar el uso de los fondos europeos que hayan servido para cofinanciar obras y proyectos catalizadores de mordidas, generalmente del 3%, que han acabado en bolsillos privados o financiando al Partido Popular valenciano.

La lluvia de informaciones periodísticas sobre el mapa de comisiones que incluye a buena parte del andamiaje de las administraciones públicas gobernadas por los populares desde hace dos décadas la macrocausa que desató la Operación Taula ha disparado todas las alarmas en la Unión Europea. «Estamos muy preocupados por la información aparecida en recientes artículos de prensa que podría afectar a uso de Fondos Europeos en la Comunidad Valenciana». Es una confesión de la directora general de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, en una carta remitida el pasado 16 de febrero al director general de Fondos Europeos del Ministerio de Economía y Hacienda, José María Piñero.

En la carta, la mandataria de la UE explica que está siguiendo esas noticias sobre «el supuesto cobro de una comisión del 3 por ciento cargada a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la administración pública valenciana». Vitcheva exige al Gobierno que, «dada la importancia de los hechos bajo investigación», se esfuerce en «averiguar si hay proyectos cofinanciados por Fondos Europeos que se ven afectados por estas investigaciones».

Devolver el dinero saqueado

«Le recordamos que los gastos relativos a proyectos afectados por investigaciones de fraude no deberían ser certificados a la Comisión hasta la conclusión de las mismas», apunta la directora general de la Unión Europea para avisar de que mientras no se despejen las dudas los fondos de las ayudas se congelan. Además, se pide a José María Piñero que proporcione «en el plazo de un mes toda la información pertinente», que incluye «una lista de los organismos intermedios bajo investigación y una lista de proyectos cofinanciados por el Feder, si fuera el caso». En su afán de controlar el uso del dinero remitido desde Bruselas, se reclama al Gobierno central que se ofrezca información detallada de cada proyecto y que ésta incluya «el importe total y el importe total certificado del mismo».

Aunque explícitamente no llega a advertirse de que los fondos que no hayan sido debidamente justificados en un uso lícito deberán devolverse, la normativa comunitaria establece la obligación de reintegro del dinero que no se justifique como es preceptivo. De hecho, en la investigación abierta por las ayudas a los fondos Ruralter, se reclama la devolución de las cantidades.

En la carta remitida al Gobierno español apuntan, con todo, que «el alcance del fraude no está lo suficientemente claro», como tampoco «en qué medida los Fondos Europeos se podrían ver afectados».

Pero, de momento, la Unión Europea ya ha tomado cartas en el asunto para evitar destinar más dinero y seguir la pista de si hay fondos ya aportados y sobre los que pese a la sospecha de haber sido afectados por el saqueo masivo.

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