10 de marzo de 2016
10.03.2016

Las plataformas contra el vertedero piden investigar más el mandato de Pastor

Los colectivos vecinales alegan que la adjudicación se realizó pese a las dudas de la compra del suelo

11.03.2016 | 01:25

Las plataformas Albatera No al vertedero y Granja-Cox no al vertedero de tránsito han recurrido el auto que cierra la instrucción del caso Brugal y han pedido a la Audiencia que extienda la investigación sobre el presunto amaño en la adjudicación del macrovertedero de la Vega Baja al mandato de Luisa Pastor, que presidió la Diputación de Alicante entre 2011 y 2015. La jueza de Orihuela que acaba de cerrar la instrucción ha rechazado este recurso, por lo que la decisión la deberá tomar ahora la Audiencia. Los colectivos vecinales consideran que durante esos años se volvió a adjudicar el Plan Zonal a la UTE Cespa-Ortiz en la variante de Albatera a pesar de que existían evidencias de que el licitador había incurrido en numerosas irregularidades que no debieron pasarse por alto y de las que se podrían derivar supuestas responsabilidades de los técnicos el ente provincial.

En su escrito, los colectivos vecinales consideran que «los órganos consultivos que asesoraban a los órganos políticos, tanto los miembros de la comisión técnica, como la mesa de contratación, podrían haber calificado favorablemente y con la máxima puntuación unas opciones de compra de terrenos presentadas por la adjudicataria inexistentes o falsas; unas matrices de evaluación ambiental idénticas en todas las ofertas con distintos emplazamientos, lo que era imposible; unos estudios de recorrido entre los distintos municipios y hasta el vertedero falsos, así como una solución transitoria que variaba sustancialmente el canon a pagar por los ciudadanos, sin reparo alguno».

«Creemos necesario investigar los actos posteriores a la reunión de la mesa de contratación de 17 de diciembre de 2012, ya que (...) la nueva adjudicación no es más que una continuidad de la trama delictiva investigada» en el caso Brugal. « Es conveniente investigar los hechos ya que de lo contrario podría suceder que la UTE adjudicataria se viera finalmente recompensada con una indemnización por la resolución contractual, cuando por los indicios que aparecen, la misma se hace merecedora de nulidad absoluta». En cuanto a las opciones de compra de terrenos para ubicar el macrovertedero en Albatera, los colectivos apuntaban que, tras ser anulada por los tribunales la adjudicación de la planta en Torremendo, el Consorcio celebró una sesión para acatar la sentencia y adjudicar el proyecto en Albatera, que fue la que obtuvo más puntuación. Pues bien, ese acuerdo se adoptó a pesar de que el regidor albaterense advirtió al Consorcio que la UTE aseguraba disponer de todos los terrenos pero al menos dos de las fincas, una municipal y otra privada, no se habían puesto a su disposición, por lo que « al menos dos de esas opciones de compra serían falsas».

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