Si la investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Plan Zonal de la Vega Baja ya había dejado herido de muerte al macrovertedero, el remate lo dio un juzgado de lo Contencioso de Alicante cuando tras el verano de 2010 declaró nulos todos los acuerdos del Consorcio relativos al cambio de ubicación del vertedero. El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción por la rama del caso Brugal que afecta al Plan Zonal recoge la sentencia que anuló todos los acuerdos. El fiscal achaca la anulación a «las torcidas actuaciones realizadas por los acusados».
Como ha publicado este diario desde el martes, el fiscal pide por este caso penas de más de 135 años de prisión a 13 acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, y los empresario Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Según la acusación, la instalación se adjudicó a Ortiz pero Ripoll buscaba que el empresario explotara el vertedero en los terrenos de Fenoll en Torremendo.
En la vía administrativa, el juzgado aceptó el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Torremendo «Virgen de Monserrate» en contra del cambio de ubicación del vertedero. Recuerda el fiscal que la sentencia se basó en que «tratándose el asunto de la adjudicación de un contrato por concurso relativo a un proyecto de gestión de residuos, no puede procederse a la modificación de aspectos tan relevantes y esenciales como la ubicación de las instalaciones, la Estación de Transferencia del Periodo Transitorio ni los cánones a pagar por cada consistorio consorciado, sin proceder a una nueva licitación».
El fiscal recoge en su escrito que como consecuencia de la resolución, Novalis la empresa que Ortiz y Cespa constituyeron para optar al concurso, ha exigido una indemnización por los terrenos que adquirió en Torremendo al ser requerida por el Consorcio para buscar ubicaciones alternativas. Sostiene Anticorrupción que esto «no es cierto, puesto que la modificación se instó por las ilícitas maniobras de los acusados» y a iniciativa de ellos mismos. Los nuevos terrenos, que finalmente no fueron los de Ángel Fenoll, se adquirieron el 30 de enero de 2009. Por la adquisición de las fincas, ubicadas junto a las de Ángel Fenoll, Novalis reclama por daños y perjuicios la cantidad de 3.370.081 euros más los preceptivos intereses. El fiscal considera que la compra «se realizó para materializar los ilegales acuerdos alcanzados entre los acusados» para proceder «al torticero reparto del Plan Zonal». La reclamación fue desestimada por un juzgado de Alicante en junio del año pasado y en estos momentos dicha sentencia está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, el fiscal recuerda que el Consorcio para el Plan Zonal rescindió el 21 de enero del año pasado el contrato con Cespa-Ortiz por el incumplimiento de las obligaciones cuando firmó, interviniendo la fianza de 1.982.977 que las mercantiles abonaron en su día. Esta decisión ha sido recurrida también por la empresa ante un juzgado de lo Contencioso de Alicante y, por el momento, está pendiente de que se dicte la sentencia.
