El conseller de Economía, Rafael Climent, insistió ayer en las Cortes en defender la idoneidad del decreto para coordinar la política turística de las diputaciones y optimizar así los recursos de los que se disponen para evitar duplicidades. Climent avanzó, además, que en el órgano coordinador «no solo habrá paridad sino que los representantes del sector participarán en la toma de decisiones, con lo que no se trata de intervenir. Tenemos la obligación de coordinar y optimizar recursos y para ello contamos con un ley en vigor desde 1983». El decreto está en vigor desde ayer.

El conseller rechazó que el decreto sea un «decretazo» porque se ha consensuado, según Climent, con el sector. El titular de Economía respondía así a una pregunta del diputado popular, el alcoyano Fernando Pastor, quien acusó al Consell de «cometer el mayor atentado contra la autonomía provincial en años y encima con una ley de 1983, de hace más de 30 años, aprobada en el año que, por ejemplo, el Gobierno expropió Rumasa y Tierno Galván era alcalde de Madrid. ¿Eso es reformismo?», se preguntó un Pastor, que recordó que el sector se enteró «cuando ya estaba en el orden del día del Pleno, lo que provocó que 30 asociaciones empresariales turísticas se reunieran en la Diputación. No se ha consensuado», criticó Fernando Pastor.

Climent replicó reiterando que «el objetivo es evitar duplicidades y mejorar la coordinación» y recordó a Pastor que «en Galicia, por ejemplo, la Junta coordina la política turística de las cuatro diputaciones gallegas y no pasa nada».

Horas antes de la sesión en las Cortes, el vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Eduardo Dolón, aprovechó su participación en la Feria ITB de Berlín para reunirse con el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, a quien le trasladó la inquietud y preocupación de la Diputación ante el decreto. Durante el encuentro, ambos dirigentes analizaron los pormenores de esta nueva medida que afecta a todos los agentes implicados en el sector turístico de la provincia, especialmente a las marcas Costa Blanca y Benidorm, «tan importantes dentro del conjunto de España», según indicó Dolón.

El diputado señaló que «ambos hemos coincidido en destacar que ésta no es la forma más adecuada de trabajar para impulsar el sector turístico de nuestra provincia y en que es preferible buscar acuerdos basados en el diálogo y el consenso». Soria y Dolón tuvieron ocasión de trasladar el asunto al secretario autonómico de Turismo, Colomer.

En Alicante, el presidente de la Diputación, César Sánchez, acusó por su parte, al jefe del Consell, Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra, de «mentir cuando afirman que la Diputación no ha alegado nada sobre el decreto», e insistió en que, con esta medida, dan «la espalda» a los alicantinos. «No han querido esperar, no nos han querido escuchar. Cuando Mónica Oltra dice que la provincia de Alicante no ha alegado nada ni dicho nada, miente. Cuando Puig dice lo mismo, miente», subrayó Sánchez. «No estamos en tiempo de decretos, ni de imposición, sino en tiempo de diálogo, de decisiones compartidas, de consenso y de acuerdo». A su juicio, «esta forma de aplastar los intereses de Alicante por parte del PSOE y de Compromís con el apoyo de Podemos pone de manifiesto que hay un gobierno que no respeta la provincia de Alicante».