La cruzada de la Unión Europea contra los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana ha tenido su traducción en varios informes y resoluciones de la Eurocámara. Hasta el punto de que llegó en marzo de 2009 a aprobarse una moción en el Parlamento Europeo en la que se condenaba el modelo urbanístico. La resolución que llevaba aparejada una advertencia de retirada de fondos como castigo.

Lo mismo que ha sucedido ahora a cuenta de la macrocausa Taula y demás asuntos de corrupción que salpican la geografía política valenciana, entonces se lanzó una advertencia de cerrar el grifo. Hubo otros tres rapapolvos europeos contenidos en sendos informes de condena de las prácticas urbanísticas alumbradas al calor de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la LUV. En uno de esos documentos, el conocido como informe Fourtou, se aludía a la política urbanística «malvada y abusiva» que habían aplicado los sucesivos gobiernos valencianos con «métodos leoninos de expropiación» y bajo «sospechas de corrupción». En ese informe se ponía en solfa la «destrucción de la costa» por abuso de «cemento y hormigón».

De igual modo, los mandatarios de la Unión Europea expresaban su «preocupación y desaliento» por la pasividad de las autoridades españolas, a las que reprochaba no estar «debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas».