Tras una década de investigación judicial, que incluyó la histórica imagen de la Diputación de Alicante tomada por la Policía en lo que lo que ha sido su primer y único registro hasta el momento, la última instructora de la causa (por la que han pasado casi un decena de jueces) acordó el procesamiento de trece personas en las que, a tenor de su relato, que ahora la Fiscalía Anticorrupción ha ampliado y hecho suyo, amistades e intereses políticos y empresariales se entremezclaron en un juego peligroso que ha llevado a sus protagonistas a la delicada situación en la que ahora se encuentran: con acusaciones serias y elevadas peticiones de pena que, de así estimarlo el tribunal que les juzgue, bien podrían llevarles a prisión. Los tres políticos acusados, dos del PP y uno del PSOE, ya están fuera de la vida pública y a los empresarios y sus colaboradores implicados junto a ellos el proceso también les ha pasado factura. Atrás quedan los tiempos de fluida y constante comunicación entre los principales acusados, de los que dan fe horas y horas de intervenciones telefónicas, puntal de las acusaciones y caballo de la batalla de las defensas, que intentarán conseguir en la fase de cuestiones previas antes de la vista oral lo que hasta ahora instructores y la Audiencia han venido denegando: la anulación de las escuchas.
