La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana para el blindaje de inversiones que tramita el Congreso va a sufrir un nuevo retraso. Tras cinco años de demora, la Cámara Baja aprobó el pasado septiembre la toma en consideración de la iniciativa, que inicialmente solicitó las Cortes en 2011.
Pero el proceso tendrá que comenzar de nuevo, bien en la actual legislatura o en la siguiente si se convocan elecciones. La propuesta no ha decaido, pero requiere de un nuevo debate y otra votación en el Congreso para seguir su camino en la comisión Constitucional.
Ayer se conoció que la reforma del Estatuto de Autonomía no entra en el primer pleno del Congreso, previsto para el martes próximo, para dar tiempo a que las Cortes designen a la delegación que defenderá la propuesta. En la práctica, la reforma del estatuto para que los valencianos reciban inversión en función de la población se encuentra ante un nuevo freno. Una demora que sería mayor en caso de disolución de las Cortes Generales.
Se trata de una reivindicación histórica, que no será efectiva a corto plazo y que busca la mejora de las inversiones territorializadas del Estado, dentro de un debate más amplio sobre un sistema de financiación autonómico más equitativo o la negociación de la deuda histórica que defiende el Consell. Respecto al Estatuto valenciano, el reloj del Congreso se pone a cero y las Cortes tendrán que volver a elegir a los representantes que defiendan la toma en consideración o decantarse por los mismos, en aquella ocasión Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís) y Jorge Bellver (PP). El parón, unido al escenario de interinidad que vive la política estatal, tumba la posibilidad de mejora de la inversión en la Comunidad Valenciana durante 2016.
La iniciativa valenciana ya se encontraba en el plazo de presentación de enmiendas, aunque no llegó a presentarse ninguna. Ahora, la reforma del Estatuto queda a la espera de entrar en el orden del día de un pleno para su debate de totalidad. Pero, según fuentes conocedoras, éste se celebraría en función de las prioridades y la agenda del nuevo Congreso. De hecho, en la legislatura anterior, que comenzó en 2011, el debate no llegó hasta septiembre de 2015, por las renuncias del PP y la falta de voluntad política para incluirlo en la agenda.
Espejo de Cataluña y Andalucía
La petición valenciana tiene como espejo la introducción en la reforma de los Estatutos de Andalucía y Cataluña de 2010 de sendas disposiciones adicionales para garantizar un volumen estable de inversiones en sus respectivos territorios.
La reforma del Estatuto valenciano de 2006 no incluyó preceptos que pudieran condicionar al Estado a la hora de invertir, pero sí la denominada cláusula Camps, que permitía equipararse a las reclamaciones de otras autonomías. Lo que solicitaron las Cortes Valencianes desde en el año 2011 es que la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, sea equivalente al peso de la población por un periodo de siete años
El pasado septiembre, PP, PSOE, Compromís, Izquierda Plural, Convergència, Unió y ERC dieron su apoyo en el Congreso a la reforma. El PP se sumó finalmente después de frenar en cuatro ocasiones la tramitación ante el veto que había impuesto su líder, Mariano Rajoy, a quien incomodaba abrir el debate sobre la financiación de las autonomías en un contexto en que el Gobierno de Cataluña empezaba ya a cortar lazos con el Estado.
