El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, impulsó ayer un documento entre comunidades autónomas sobre transparencia y acceso a la información pública a la que se han adherido Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares como el antídoto para poner freno a la corrupción. Bautizada como «Declaración de Alicante», recoge los principios consensuados sobre transparencia durante el encuentro de trabajo celebrado en noviembre entre las mencionadas comunidades autónomas en la capital alicantina. La declaración se basa en el «derecho a saber» de la ciudadanía «entendido como transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y normas de buen gobierno», para recoger compromisos como la elaboración de un nuevo ámbito relacional más participativo y transparente entre los poderes públicos y la ciudadanía.

Además, también figura la potenciación de la transparencia para prevenir malas prácticas y casos de corrupción, compartir las buenas prácticas que se desarrollan a nivel local y de las comunidades autónomas, o la continuidad de la primera reunión institucional de Alicante con un encuentro anual. Otro de los compromisos recoge la necesidad de completar las normas legislativas en materia de transparencia y acceso a la información pública para permitir a la ciudadanía interactuar con los contenidos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible. Tras la reunión celebrada ayer se ha constituido además una comisión técnica de estos cuatro gobiernos autonómicos firmantes para realizar el seguimiento del acuerdo.

La Generalitat recordó que la firma de este documento se ha producido después de la cumbre de transparencia de Valencia, que ha reunido a representantes de 16 comunidades autónomas, el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno, y la Federación Española de Municipios y Provincias. Precisamente, durante esa cumbre, se aprobó «sin ningún pin, ningún signo ni ninguna ideología» buscar un sistema común de medición del cumplimiento de la ley de transparencia, según explicó la presidenta del Consejo Estatal de Transparencia y Bueno Gobierno, Esther Arizmendi, que presentó las conclusiones junto al conseller Manuel Alcaraz, anfitrión de la cita.

Alcaraz reafirmó su compromiso con los procesos de políticas activas, acceso a la información y desarrollo de la ley estatal al tiempo que añadió que la responsabilidad de la consellería «es mucha», por la situación «especialmente complicada» que se ha dado en la Comunidad Valenciana en los últimos años con la avalancha de casos de corrupción vinculada a la gestión del PP. Arizmendi, por su parte, se mostró convencida de que estos encuentros sirvan para el intercambio de experiencias y el fomento de una cultura de la transparenciad desde la cooperación institucional.