El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha detectado que la ley tiene «un desarrollo desigual» entre las entidades locales, ya que el 72% cuentan con menos de 2.000 habitantes y, en muchos casos, tienen «grandes dificultades para desarrollar su propio portal de transparencia». Por contra, las grandes ciudades sí han desarrollado, en términos generales, sus propias medidas para aplicar la ley.
