Hace meses y meses que la cúpula del PP daba por descontados los efectos del primer gran sumario de la operación Brugal que llega a juicio: la pieza que investiga el supuesto amaño por parte de Joaquín Ripoll, exnúmero uno de los populares en la provincia y antiguo presidente de la Diputación, del plan de basuras de la Vega Baja a favor de los empresario Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Ocurre, sin embargo, que el momento de conocerse la calificación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la actuación de Ripoll, el hombre que lo fue casi todo en el entramado del PP; de Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela y antigua número dos del PP en la provincia; y de Enrique Ortiz, el empresario que aparece como nexo de unión de los procedimientos por corrupción que carcomen con más intensidad a los populares como la trama Gürtel, la operación Brugal y el supuesto amaño del planeamiento urbanístico de la ciudad de Alicante, es muy inoportuno. Esa imagen vinculada a la corrupción es, en este caso concreto, mucho más delicada para los populares que el impacto sobre la organización.
La cúpula del PP ya había pasado página, de hecho, con los cargos afectados en este procedimiento judicial. José Joaquín Ripoll -mano derecha de Zaplana en el Consell, líder de los populares en la provincia en el momento de más batalla con Francisco Camps y titular de la Diputación durante ocho años- ya está sujeto a un expediente de expulsión desde que se decretó la apertura de juicio oral en esta pieza de Brugal el pasado mes de febrero. Ese trámite interno incluía además la suspensión cautelar de militancia, una medida que prevé la normativa de los populares en función del alcance de la investigación. A Ripoll, de hecho, se le acusa de cinco graves delitos de corrupción con penas que podrían llegar a 16 años de prisión y 44 de inhabilitación. Mónica Lorente solicitó en su momento la baja del PP. Así que la cuestión orgánica está resuelta sin lucha.
Sin conflictos internos que resolver en tanto que los imputados ya no forman parte de la organización, la mayor dificultad, como admiten desde la cúpula popular, es la «imagen» que corroe a la organización. La calificación de Anticorrupción en esta pieza de Brugal se conoce justo cuando la dirección regional del PP -controlada por Isabel Bonig y respaldada por los tres barones provinciales con el propio José Císcar- está a la espera de que Génova ponga fecha al congreso extraordinario en el que se debe renovar la cúpula popular, lanzar un nuevo proyecto político y trazar un revolucionario sistema de selección de cargos a través de un modelo de primarias con la participación directa de los afiliados, algo inaudito en una formación como el PP que se caracteriza por «el dedazo» como modelo de designación.
Los detalles, por ejemplo, sobre el tren de vida de Ripoll en plena crisis económica -gastos de hasta nueve mil euros al mes sin llegar a tocar sus cuentas- coinciden en el tiempo, sin ir más lejos, con las revelaciones sobre la investigación de la «Operación Taula» y la supuesta «caja b» de financiación ilegal del PP. Y todo ello, además, justo cuando, en estos momentos, el PP se está jugando intentar mantener su poder en el Gobierno central, convertido en la principal sala de mando de los populares tras perder, con excepción de Madrid, las principales comunidades autónomas y asumiendo la izquierda el control de las grandes alcaldías de España. Una cuña muy incómoda para el PP. Una situación que, desde luego, no favorece los intentos de los populares valencianos de recuperar terreno especialmente de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019. «Y aún nos queda un calvario enorme», zanja un alto dirigente del PP.
