Amistades peligrosas

La investigación del caso Brugal ha acabado implicando a políticos, empresarios, ténicos y colaboradores

10.03.2016 | 00:44

Dos políticos del PP, uno del PSOE, cuatro empresarios y una retahíla de técnicos y colaboradores conforman la columna vertebral de la trama a la que Anticorrupción reclama penas que suman más de 135 años de cárcel por intentar obtener beneficios ilícitos con los residuos de la Vega Baja

José Joaquín Ripoll
Presidente de la Diputación de Alicante (2003-2011)
La Fiscalía le acusa de haberse prevalido de su cargo para ponerse al servicio de los intereses particulares de los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, en detrimento del interés público, durante la tramitación del Plan Zonal de Residuos en el que se debía decidir la ubicación del macrovertedero de la Vega Baja. Ripoll habría obtenido regalos y promesas de dádivas por parte de los empresarios investigados. Según el fiscal, Ripoll llegó a imponer a Ortiz la compra de los terrenos de Fenoll para adjudicarle la instalación, llegando a frenar la puesta en marcha del plan como presión para forzar un acuerdo. El fiscal sostiene que el expresidente de la Diputación llevaba un tren de vida que no se correspondía a sus ingresos. Se le acusa de delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios por los que se le piden penas que suman 16 años de cárcel, 44 de inhabilitación y multas que superan el millón de euros.

Enrique Ortiz
Empresario
La oferta de Ortiz, que se presentaba al concurso para la adjudicación del vertedero junto con Cespa en una Unión Temporal de Empresas (UTE), fue la mejor valorada por los técnicos. Sin embargo, se encontró con que se le obligaba a comprar a un precio desorbitado los mismos terrenos en la llamada finca Las Pistolas con los que Ángel Fenoll se había presentado al concurso. El fiscal sostiene que Ortiz se prestó a estar en esta «torticera operación» puesto que gracias a ella «cobraría durante 20 años los servicios de tratamiento y eliminación de residuos de los residuos de los 27 municipios consorciados» y compensaría los sobrecostes repercutiéndolos a los ayuntamientos subiéndoles el canon que debían pagar por el servicio prestado. Posteriormente, Ortiz cambió de táctica e intentó ganarse al expresidente Ripoll a cambio de regalos, como dos viajes en sus yates por las Baleares valorados en más de 100.000 euros y otro a la Feria de Sevilla. Se le acusa de los delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, y cooperador necesario de los delitos de prevaricación y fraude. El fiscal reclama para él penas que suman 17 años de cárcel y 20 inhabilitación.

Ángel Fenoll
Empresario
El otro gran aspirante a hacerse con la adjudicación del macrovertedero de la Vega Baja y el empresario con cuyas grabaciones empezó la investigación del caso Brugal. Anticorrupción mantiene que Fenoll desplegó todas sus redes de influencias para tratar de hacerse con la concesión a toda costa, teniendo información puntual sobre las reuniones de los técnicos. Según la Fiscalía, Fenoll habría recibido información privilegiada sobre la marcha de la adjudicación y realizó dádivas tanto a políticos como a técnicos. El fiscal argumenta que al saber que el vertedero iba a adjudicarse a Ortiz, el empresario trató de imponer que la instalación se hiciera en sus terrenos, que compró por 500.000 euros y trató de vender a Ortiz por 10 millones. Entre las contraprestaciones a Ripoll, el fiscal cita la supuesta compra de dos pisos para éste, que no llegó a materializarse por la falta de acuerdo en la venta de los terrenos, y la entrada en Canal 37 a petición del dirigente popular. El fiscal le acusa de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias y de ser cooperador necesario de prevaricación y fraude. Por todo ello le pide penas que suman 17 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

Vicente Gomis
Exsecretario de Presidencia de la Generalitat Valenciana
En la época de los hechos, era administrador de Alternativas Medioambientales, la empresa con la que Proambiente, mercantil de Ángel Fenoll, aspiraba a hacerse con la adjudicación del vertedero. Según el escrito de acusación, Fenoll eligió a su socio de negocios por ser conocedor de los procedimientos administrativos y del funcionamiento interno de un órgano como la Diputación y porque, gracias a su pasado político, le servía para acceder directamente a José Joaquín Ripoll y a varios técnicos del Consorcio, para asegurarse la concesión, «aunque para ello hubiera que quebrantar la ley» y prescindiendo de trámites administrativos. Gomis, al igual que Gregory, tenía un contrato de un euro por cada tonelada de basura que entrara en el vertedero y el cobro de los honorarios por sus mediaciones quedaba condicionado a que Fenoll lograra el contrato. El fiscal le acusa de delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, así como de cooperador necesario de los delitos de prevaricación y fraude, por lo que reclama penas que suman ocho años y nueve meses de cárcel y 16 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de 15.000 euros.

José Candel
Gerente de Inusa
Hombre de confianza de Enrique Ortiz que, según la Fiscalía, habría colaborado con el empresario para la consecución «de sus mendaces objetivos, siendo consciente de lo ilícito de las negociaciones entabladas y del perjuicio que las mismas causaban al Consorcio», buscando en todo momento que se cumplieran las pretensiones de los acusados. Candel era el representante de Ortiz en las reuniones para buscar un acuerdo en la compra de los terrenos de Ángel Fenoll y tramitar la solución legal para el cambio de ubicación de las instalaciones. Según la Fiscalía Anticorrupción, a pesar del elevado interés general del proyecto del Plan Zonal para toda la comarca de la Vega Baja, se dejó todo «al arbitrio» de que se existiera un acuerdo entre los empresarios implicados para la venta del suelo. Candel llegó a visitar las fincas de Fenoll el 28 de enero de 2008 acompañado de Rafael Gregory. El fiscal le imputa los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y cooperador necesario de prevaricación y fraude, por lo que reclama diez años de cárcel y diez de inhabilitación.

Antonio Ángel Fenoll
Empresario
Es el hijo de Ángel Fenoll. El fiscal le atribuye, entre otros hechos, las labores de presión e influencia sobre los técnicos, llegando a realizar pagos a funcionarios del Consorcio para que se pronunciaran a favor de los intereses de su padre, además de ser conocedor de toda la información privilegiada sobre el futuro de la planta. Según el escrito de acusación, Antonio Ángel Fenoll llegó a reunirse con uno de los técnicos imputados para darle instrucciones sobre el sentido de sus informes y a enviárselos redactados por correo electrónico, algunos de ellos con el objetivo de desvirtuar las ofertas de las empresas rivales. En una de las reuniones de la mesa de contratación fue a recoger al técnico a la estación y fue el momento en el que los Fenoll supieron que la oferta de Ortiz estaba mejor posicionada y que con toda probabilidad se le iba a acabar adjudicando a éste la explotación del macrovertedero de la Vega Baja. El fiscal le imputa delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias y le considera cooperador necesario de prevaricación y fraude. Por todo ello, le reclama penas que suman ocho años y nueve meses de cárcel.

Mónica Lorente
Exalcaldesa de Orihuela (2007-2011)
El fiscal considera que la exalcaldesa de Orihuela, que también era en aquella época diputada provincial y portavoz del grupo popular en la Diputación, tuvo un papel clave en los presuntos amaños en el Plan Zonal y era perfecta conocedora de toda la trama. Según el escrito de acusación, Fenoll habría financiado la campaña electoral que llevó a Lorente a la Alcaldía de Orihuela en las municipales de 2007. El ministerio público considera que las declaraciones públicas de Lorente asegurando que el vertedero iría en Las Pistolas demostraban que la exalcaldesa estaba al tanto de las negociaciones ilícitas, llegando a ofrecer de manera unilateral y sin el refrendo del pleno de su Ayuntamiento la partida de Torremendo para albergar las instalaciones. El fiscal le acusa de delitos de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude por los que reclama penas que su man cuatro años y nueve meses de cárcel y 24 años y seis meses de inhabilitación.

Antonio Amorós
Exportavoz socialista en la Diputación
El fiscal considera que Antonio Amorós, además de ser amigo personal de Ángel Fenoll, sirvió de enlace entre el empresario oriolano y los miembros de municipios socialistas en el Consorcio, en aras a preservar los intereses de aquel. Las buenas relaciones entre Ripoll y Amorós, pese a su pertenencia a partidos políticos distintos, ayudaron también a Fenoll a tratar de influir sobre el expresidente de la Diputación, según el fiscal, que considera que el entonces diputado provincial daba información sobre los resultados de las reuniones de la comisión técnica. Anticorrupción le imputa los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude por los que le reclama penas que sumas cuatro años y nueve meses de cárcel y 16 años de inhabilitación.

Rafael Gregory
Empresario
El fiscal le coloca como uno de los mediadores clave en las negociaciones entre todos los investigados. Estrecho colaborador de Ángel Fenoll, amigo personal de José Joaquín Ripoll y enlace de ambos para tratar con Enrique Ortiz. Gregory es el que se encarga de ponerse en contacto con todos los implicados. Por su labor de intermediación, Gregory tenía asegurada una contraprestación de un euro por cada tonelada de basura que entrara en el futuro vertedero. Las previsiones eran de unos ingresos de 270.000 euros anuales para el empresario. Según el fiscal, Fenoll, a través de Gregory, habría tratado de regalar a Ripoll dos pisos en el centro de la ciudad valorados en un millón de euros propiedad de una promotora en la que tenía participaciones el padre del empresario. Fenoll era quien tendría que pagar los pisos para el expresidente de la Diputación pero la dádiva no llegó a materializarse al romperse los acuerdos para la compra de los terrenos del vertedero tras unas tensas negociaciones entre todas las partes. Según la acusación, Gregory también acompañó a Ripoll en uno de los viajes en el yate de Ortiz de los que disfrutó el expresidente de la Diputación. El fiscal le acusa de los delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias y cooperador necesario de prevaricación y fraude, por lo que le pide penas que suman 17 años de cárcel y 20 inhabilitación, así como el pago de una multa de un millón de euros.

Pedro E. Sáez Ayala
Técnico
Pedro Enmanuelle Sáez es el técnico que el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada designó para estar en el Consorcio de las basuras. El fiscal considera que Sáez actuó al servicio de los intereses de Ángel Fenoll bajo la promesa de dádivas y puestos de trabajo. El funcionario no sólo habría filtrado puntualmente al empresario oriolano todo lo que ocurría en la mesa, sino que también presentó como suyos informes confeccionados por el entorno de Fenoll, según relata el fiscal en su escrito de acusación. Anticorrupción le acusa de los delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios y le piden diez años de cárcel y 36 de inhabilitación.

Ángel Luis Bracho
Delegado de Sufi en Alicante
El fiscal sostiene que Ángel Luis Bracho, aliado de Ángel Fenoll en el concurso del vertedero a través de la empresa Sufi, era perfecto conocedor de todas las irregularidades que éste estaba llevando a cabo «participando activamente para hacerse con el contrato en liza». Bracho participó junto a Antonio Ángel Fenoll en las reuniones con el técnico imputado y era el encargado de coordinar los informes que los técnicos de su empresa debían redactar, según el escrito del fiscal. Anticorrupción incide que el técnico investigado se convirtió de esta manera en la extensión dentro de la comisión de Bracho y Fenoll. El fiscal le acusa de los delitos de información privilegiada y cooperador necesario de prevaricación y fraude. En total, le reclama cuatro años y medio de cárcel y 16 de inhabilitación.

Manuel Garriga
Empresario
Representante de Cespa y socio de Enrique Ortiz en la UTE que formaron para optar a la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja. Según el escrito de acusación, Garriga estaba al tanto de los turbios manejos para la ubicación del vertedero y llegó a participar en reuniones para la negociación de la compra de los terrenos a Ángel Fenoll para tratar de repartirse con el resto de los empresarios acusados los beneficios del Plan Zonal en detrimento de los intereses generales, confiando en que la subida del canon cobrado a los ayuntamientos les compensaría la compra de las fincas. El fiscal le acusa de información privilegiada, tráfico de influencias, y de ser cooperador necesario de prevaricación y fraude. Por todos estos delitos reclama penas que suman 10 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

Jorge Sanz
Mediador en la compra de Canal 37
Jorge Sanz es el mediador que designó Ángel Fenoll para llevar a cabo todas las negociaciones para la entrada del empresario en la televisión local Canal 37. Según el fiscal, Ripoll exigió a Fenoll que saneara la cadena como contraprestación por sus gestiones para que Ortiz le comprara sus terrenos para el vertedero y Sanz buscaba el cumplimiento de esos acuerdos en la negociación. El empresario de la Vega Baja tenía el encargo de inyectar capital para que la empresa pudiera hacer frente a los pagos más urgentes y ampliar capital que redujera la deuda con los bancos. El fiscal le acusa de ser cómplice en un delito de cohecho y cooperador necesario de prevaricación y fraude por lo que le reclama tres años y medio de cárcel y 16 de inhabilitación.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Noticias relacionadas

Enlaces recomendados: Premios Cine