El conflicto está servido. La aprobación ayer por parte del Consell de los decretos que intervienen las competencias de las diputaciones en turismo y deporte recrudeció la guerra que le enfrenta al PP por el control de las instituciones provinciales. El presidente de la de Alicante, el popular César Sánchez, se prepara para una batalla jurídica contra la iniciativa de la Generalitat batalla jurídica por entender que «quiere acabar con la provincia, con la Diputación y la marca Costa Blanca». Frente a la tesis de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de que los decretos pretenden coordinar las políticas de ambas instituciones y situarlas «al mismo nivel», Sánchez los rechazó como «una imposición» del Ejecutivo autonómico que «invade» las competencias de la Diputación. Los populares esperan a conocer el redactado definitivo de los documentos para presentar el correspondiente recurso ante los tribunales y contemplan la posibilidad de que la acción de defensa sea conjunta entre las instituciones de Alicante y Castellón.

Dos semanas después del primer aplazamiento de la aprobación de los decretos «para buscar un mayor consenso», el Consell les dio ayer luz verde para marcar «las directrices de coordinación» de las funciones propias de las diputaciones en turismo y deporte con el objetivo de un «aprovechamiento racional y solidario de los recursos», que redunde en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y «evite las duplicidades y la dispersión de esfuerzos entre ambas instituciones», según explicó la vicepresidenta del Consell.

Oltra recalcó que la intervención de las competencias se limitará a aquellos asuntos que excedan el ámbito provincial y subrayó que la Generalitat aceptó la sugerencia del Consell Jurídic Consultiu para que exista paridad en el consejo de coordinación, de modo que habrá seis representantes del Ejecutivo autonómico y otros tantos de las diputaciones. Sobre el previsible rechazo de los dirigentes del PP de Alicante y Castellón a los decretos, la vicepresidenta indicó que ninguna institución ha presentado alegaciones a los decretos, «por lo que damos por hecho que ha habido una buena entente entre las partes».

Pero no. No hay entendimiento, ni mucho menos. El presidente de la Diputación de Alicante recibió con «indignación» lo que definió como «una injerencia en las competencias turísticas alicantinas» y se comprometió a defender «la provincia, su identidad y singularidad, así como el modelo de éxito implantado» por el Patronato Provincial de Turismo.

La Diputación pone en duda que la paridad proclamada por el Consell resuelva las diferencias sobre los decretos, «dado que los socialistas gobiernan la Diputación de Valencia y eso no supone ninguna ventaja para Alicante». De modo que la institución provincial aguarda a conocer «la literalidad exacta» de los documentos «para ver cómo encaja jurídicamente el recurso» que presentará para defender su autonomía. El «gobierno provincial» de Alicante asegura que no presentó alegaciones a la iniciativa del Consell porque aplazó su escrito para incluir las conclusiones del Foro «Agora Costa Blanca» que se lleva a cabo este mes. Asimismo, el equipo de César Sánchez se plantea presentar un recurso conjunto con la Diputación de Castellón, también gobernada por el PP, que ayer temió, incluso, por sus competencias en empleo tras el «decretazo».