La juez de Orihuela que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del vertedero de basuras de la Vega Baja ha rechazado los recursos de los investigados y sostiene que hay suficientes indicios contra ellos, según el auto al que ha tenido acceso este diario. Nueve de los catorce investigados habían presentado un recurso contra la decisión de la magistrada de procesarles, a lo que se sumaba otra petición de las plataformas contra el vertedero que reclamaban una ampliación de las investigaciones. La decisión no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia. Los investigados que habían recurrido son el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente; el exportavoz socialista en la Diputación, Antonio Amorós; los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel Fenoll; el exsecretario de Presidencia de la Generalitat, Vicente Pedro Gomis; y los técnicos Pedro Enmanuele Sáez y Eduardo Gabriel Rodríguez. Todos, salvo el del último, han sido rechazados por la magistrada Rosa María Villegas.
La juez ha tumbado los recursos contra la nulidad de las escuchas telefónicas, al recordar que se trata de una cuestión ya resuelta, cuando la Audiencia dijo que ese trámite corresponde al inicio del juicio oral. El auto ha rechazado igualmente los argumentos de las defensas que hablaban de inconcreciones a la hora de dictar la reslución anterior. «No necesariamente deberá el juez efectuar una compleja fundamentación de su resolución» y añade que ésta «queda satisfecha con que de una manera sucintan se expongan las razones» por las que acuerda llevarle al banquillo. Del mismo modo, niega que haya habido imputaciones sorpresivas a los implicados.
La magistrada considera que «existen indicios más que suficientes para la continuación del procedimiento», así como de la participación de los investigados en los hechos. El auto reitera que desde que se publicó el contrato «se ha constatado por las conversaciones telefónicas que los investigados forzaron para el único interés particular de las empresas, una serie de maniobras entre todos ellos, cada uno con una función muy específica dentro del entramado».
Por último, la magistrada ha rechazado el recurso planteado por la Asociación Albatera No al Vertedero, y al que se adhirió la plataforma Granja-Cox No al Vertedero de Tránsito, para seguir investigando la actuación de la Diputación posteriores a 2012, concretamente la participación de miembros de la Comisión Técnica por presunta falsificación de informes. La juez señala que «tras nueve años de instrucción» la petición no procede, máxime cuando ya se abrió otra investigación que quedó en su día cerrada.
