Con una petición de penas que, sumadas, superan los 135 años de prisión, los 290 de inhabilitación y los casi tres millones y medio de euros en multas, la Fiscalía Anticorrupción presentó ayer su escrito de acusación en el primer macroproceso por corrupción política de los desgajados de la operación Brugal con un total de trece acusados, entre ellos quien fuera vicepresidente del Consell y presidente de la Diputación por el PP durante ocho años José Joaquín Ripoll, para quien reclama 16 de cárcel y casi medio siglo de inhabilitación para cargo público, además de una multa de un millón, por delitos de cohecho, información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La causa arrancó en 2006 y durante este tiempo se han venido investigando las circunstancias que rodearon la adjudicación del macrovertedero de la Vega Baja, la contrata en la que el fiscal mantiene que Ripoll, ya apartado de la vida pública, se prevalió de su cargo para beneficiar a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, en perjuicio del interés general, así como para obtener prebendas que irían desde viajes a dinero en metálico pasando por dos pisos , aunque la compra de estos inmuebles, al igual que el macrovertedero, no se llegó a materializar.
En un escrito de 177 folios, el acusador público va desgranando las maniobras del empresario oriolano, estrechamente vinculado al PP (hasta el punto de sufragar la campaña electoral de 2007 de la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, según sostiene el fiscal) para hacerse con la contrata y su reacción al saber que iba a ser Enrique Ortiz, quien también optaba al proyecto, y no él el elegido. Un momento en el que, gracias a la intermediación del también empresario Rafael Gregory, se iniciaron conversaciones entre los dos aspirantes a quedarse con la gestión de las basuras de la Vega Baja «para llegar a un acuerdo de reparto de beneficios que el plan zonal generaría, acuerdo auspiciado y dirigido por Ripoll», afirma el acusador público.
El acuerdo no se llegó a materializar por la negativa de Ortiz a ceder a la pretensión de Ripoll de que, para compensar a Fenoll por no haberse hecho con la contrata, le comprara los terrenos donde iría el vertedero por un precio desorbitado (los había adquirido por menos de medio millón y pretendía obtener casi diez). «La contraprestación en especie ofrecida por Fenoll, y en representación de éste por Rafael Gregory, destinada al presidente provincial, que éste aceptó, eran dos viviendas en una calle céntrica de Alicante cuyo importe aproximado era de un millón de euros (...) que vendría sufragado por el sobreprecio generado por la adquisición de la finca» por parte de Ortiz a Fenoll, razón por la que «Ripoll se involucró con tanto interés», recoge el escrito.
El fiscal relata cómo durante el tiempo que se prolongan estas conversaciones (lo que acarreó la paralización de un proyecto que afecta a 27 municipios), se va produciendo un acercamiento entre Ripoll, valedor en principio de los intereses de Fenoll, y Ortiz, un escenario en el que el empresario alicantino aprovecha para invitar al entonces presidente de la Diputación a ir a la Feria de Abril en su yate o a recorrer las Baleares en dos viajes cuyo importe se ha tasado en más de 100.000 euros, en lo que se interpreta como una maniobra para obtener el favor del político en beneficio de sus negocios.
Elevado nivel de vida
Llama también la atención del fiscal el «elevado nivel de vida del que hacía gala tanto Ripoll como su familia y que podría no corresponderse con los ingresos que legalmente percibía». Durante los 30 meses que se sometió a estudio el patrimonio del presidente de la Diputación (entre enero de 2008 y junio de 2010) la Policía constató que «no existen cargos relacionados con diversos aspectos aspectos de la vida cotidiana (...) tales como productos alimenticios, combustible, comidas y bebidas fuera del hogar... ». En este periodo, únicamente se realizó una extracción de dinero en un cajero, y fue de 20 euros, y tampoco no se detectaron retiradas en efectivo.
El fiscal alude en su escrito a «un incremento patrimonial de desconocida procedencia que posibilita que el entorno familiar del sr. Ripoll pueda mantener un nivel de vida por encima de su nivel adquisitivo declarado. La cantidad asciende a 292.658 euros, dinero con el que suple la necesidad de financiación de la que adolece la economía doméstica del entorno familiar». El fiscal concluye que durante los dos años y medio analizados «la media de dinero de origen desconocido de la familia Ripoll-De la Vega es superior a 9.000 euros al mes».
Además de Ortiz y Fenoll, para quienes se pide 17 años de cárcel, entre los acusados se encuentra personal de confianza de ambos empresarios, como quien fuera secretario de Presidencia de la Generalitat Vicente Gómis, que se enfrenta a una solicitud de más de 8 años de prisión, y el exportavoz del Grupo Socialista en la Diputación Antonio Amorós, con una petición de casi cinco meses de cárcel y 16 de inhabilitación para ocupar cargo público, y la exalcaldesa oriolana Mónica Lorente, para quien se piden también casi cinco años de prisión y más de 24 de inhabilitación.
El acusador público sostiene que estas actuaciones causaron un quebranto económico a la Diputación que supera el millón de euros y cita como responsables civiles subsidiarias a las mercantiles de los acusados: Proambiente, Sufi, Enrique Ortiz e Hijos, Cespa, Novalis, Autisa y Alternativas Medioambientales.
