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Investigación del caso Brugal

El fiscal sostiene que Fenoll se repartió con Ortiz «de manera fraudulenta» el Plan Zonal

El fiscal sostiene que Fenoll se repartió con Ortiz «de manera fraudulenta» el Plan Zonal

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz se repartieron de manera fraudulenta los beneficios del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja con el apoyo del expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. Con este argumento se ha opuesto el Ministerio Público a la solicitud de archivo de la causa presentada por el industrial oriolano tras el auto de procesamiento de la juez por esta rama del caso Brugal. Fenoll había solicitado a la juez el cierre del caso para él y había vuelto a reclamar la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación. Un total de catorce personas fueron procesadas por la juez el pasado febrero y ahora ha rechazado sus recursos pidiendo el archivo del caso.

Según los argumentos de la Fiscalía en el escrito al que ha tenido acceso este diario, Fenoll habría recibido información privilegiada sobre la marcha de la adjudicación y realizó dádivas y contraprestaciones tanto a políticos como a técnicos para conseguir sus objetivos. El fiscal argumenta que el empresario pretendía obtener beneficios millonarios mediante la venta de una finca que, según escritura, tenía un precio que no llegaba a los 500.000 euros y trató de vender por 10 millones. Entre las contraprestaciones a Ripoll, el fiscal cita la supuesta compra de dos pisos para éste en el centro de Alicante y la entrada en Canal 37 a petición del dirigente popular.

El fiscal también ve indicios de delito en la actuación del hijo del empresario, Antonio Ángel Fenoll, a quien le atribuye, entre otros hechos, las labores de presión e influencia sobre los técnicos, llegando a realizar pagos a funcionarios del Consorcio para que se pronuncien a favor de los intereses de su padre, además de ser conocedor de toda la información privilegiada sobre el futuro de la planta.

En cuanto al técnico Pedro Sáez Ayala, que estaba en el Consorcio por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, la Fiscalía considera que aunque sis dictámenes no eran vinculantes, tenía «una influencia determinante para la adjudicación del concurso». El fiscal sostiene que el funcionario fue parcial, asesorando y apoyando la opción de Ángel Fenoll a cambio de presuntos pagos y de un puesto de trabajo como director de la obra de la planta.

En cuanto al exsecretario de Presidencia de la Generalitat, Vicente Pedro Gomis, Anticorrupción considera que se comprometió a influir sobre Ripoll para que favoreciera los intereses de Fenoll y actuaba de asesor de éste en el concurso. El fiscal rechaza que los hayan prescrito para él y la juez lo ha respaldado.

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