La Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos ha confirmado la sanción de seis meses de suspensión de militancia y un año de inhabilitación para el desempeño de cargos en la formación a cuatro militantes por, según el dictamen, «convocar sendas asambleas [en la ciudad de Alicante] en las que se difamó a miembros del círculo y del Consejo Ciudadano, se exponían documentos privados y se filtraban grabaciones personales».
De esta manera, se da carpetazo definitivamente a la polémica surgida en la dirección local de Podemos en Alicante, que además provocó la sanción a diez dirigentes de la formación en la ciudad de Alicante, entre ellos el secretario local, Jesús Bustos, y Covadonga Peremarch, ahora diputada autonómica no adscrita tras ser expulsada del partido por no entregar su acta en las Cortes.
Los cuatro inhabilitados -Pau González, Juan Carlos Reoyo, Magdalena García y Jesús Naranjo- fueron los convocantes de dos asambleas (el 1 y el 8 de abril de 2015) en las que se expusieron, incluidos improperios, algunas de las irregularidades que posteriormente se confirmaron -como el «pucherazo» en las primarias- y que generaron que a día de hoy una gestora sea la que mueva los hilos de Podemos en Alicante.
La resolución del órgano nacional, que confirma el dictamen firmado en Valencia, sostiene que en dichas asambleas «no se garantizó el derecho de defensa de los miembros de Podemos cuestionados» y que se «comprometió gravemente la cohesión interna» de la formación, junto a la «repercusión nacional» que alcanzaron sendas reuniones lo que «perjudicó seriamente» a Podemos. De hecho, el propio texto de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal admite «no poder valorar» si lo «tratado en las asambleas era razonable o si tenía razón de ser». Eso sí, subrayan que en el caso de que se «pierda la confianza en un compañero» la única vía que permite la formación que lidera Pablo Iglesias es «abrir un turno de debate» para «restituir las condiciones de confianza interna en el círculo». En cambio, continúa la resolución, si un militante «en lugar de seguir este procedimiento garantista opta por difamar y generar desconfianza estará incurriendo en una falta grave». Sin embargo, Jesús Naranjo, uno de los sancionados y exdirigente de Podemos en Alicante recordó ayer en su perfil personal en Facebook que los ahora inhabilitados por denunciar malas prácticas del Consejo Ciudadano «informaron de forma reiterada por correo teléfono y mensajería móvil» a Antonio Montiel [secretario autonómico de Podemos] «de que se estaban produciendo [en Alicante] actuaciones muy graves por parte de algunos miembros del Consejo Ciudadano municipal».
En el mismo dictamen, se archiva la causa contra Nerea Belmonte (ahora concejala de Guanyar) y otras tres personas, acusadas de publicar comentarios ofensivos en sus perfiles en redes sociales.
