La fiscalía Anticorrupción sostiene que el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP) favoreció en parte al empresario Ángel Fenoll en el concurso para la gestión de residuos de la Vega Baja por el apoyo de éste último a la campaña electoral de los populares de Orihuela en 2007.
Según explica el ministerio público en su escrito de acusación por esta rama del 'caso Brugal', esos comicios permitieron a la popular Mónica Lorente, "muy próxima políticamente a Ripoll", alcanzar la Alcaldía oriolana en 2007.
La Fiscalía pide provisionalmente para el también expresidente provincial del PP alicantino 16 años de cárcel, 44 de inhabilitación y el pago de multas que superan el millón de euros por cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Igualmente, reclama abrir juicio contra otros doce acusados, entre los que destacan los citados Fenoll y Lorente, el empresario Enrique Ortiz y el ex portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación Antonio Amorós.
La acusación pública entiende que todos ellos participaron en mayor o menor medida en el amaño de la adjudicación del Plan de Residuos de la Zona XVII, que dependía de la Diputación y debía unificar el tratamiento de los residuos generados por 27 localidades de la comarca alicantina de la Vega Baja.
Anticorrupción considera que Ripoll fue sobornado tanto por Fenoll como por su rival en la contrata presuntamente amañado, Enrique Ortiz.
Del primero presuntamente aceptó, aunque finalmente no los recibiera, dos pisos ubicados en Alicante y valorados en total en un millón de euros, aproximadamente, así como una inversión en una televisión local afín al político: Canal 37.
Por otro lado, con Ortiz disfrutó en uno de los yates de éste, de nombre 'Elena', de unas vacaciones en la Feria de Abril de Sevilla de 2008 y "viajes veraniegos a distintos puntos de las Islas Baleares en los periodos estivales de 2008 y 2009", añade el fiscal.
El escrito de Anticorrupción, de 177 páginas, basa la atribución de los diferentes delitos a los trece procesados en las conversaciones telefónicas intervenidas a éstos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la 'Operación Brugal'.
En definitiva, la fiscalía concluye que Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes a la contrata de basuras tras prolongadas y arduas negociaciones entre 2008 y 2009, que pasaba por que Ortiz se hiciese con la adjudicación pero comprara una finca a Fenoll para compensarle.
De acuerdo con esta versión, el político llegó a paralizar el procedimiento administrativo, lo que provocó un perjuicio a las arcas públicas de 1,1 millones, por "tener un interés directo y personal en el buen término de las negociaciones, de las que esperaba obtener su correspondiente beneficio económico".
Anticorrupción destaca que el "elevado nivel de vida del que haría gala tanto Ripoll como su familia" podría "no corresponderse con los ingresos que legalmente percibía" durante el periodo investigado.
No en vano, el matrimonio compuesto por el dirigente del PP y su mujer, Margarita de la Vega, sólo realizó una única extracción de dinero a través de un cajero automático a lo largo de 30 meses, y ésta ascendió a 20 euros.
El fiscal infiere de ello que el dinero que la pareja destinó a gastos domésticos en esa época tiene por tanto un "origen desconocido". Uno de los abogados de Ripoll, Fernando Candela, ha afirmado hoy a EFE que debe estudiar todavía el escrito de conclusiones de la fiscalía para realizar una valoración porque el juzgado de Orihuela que instruye la causa aún no se lo ha notificado.
Preguntado por cómo había recibido su cliente la calificación jurídica de Anticorrupción, el letrado ha explicado que había hablado con él por la mañana y no lo había visto preocupado, sino "normal".
