El fiscal ha impungado el recurso presentado por la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, al considerar que su papel fue clave para amañar el contrato del Plan Zonal de la Vega Baja. A este respecto, el acusador público sostiene que la exregidora votó a favor de adjudicar la contrata a la propuesta que menos puntuación había obtenido, «lo que facilitaría la posterior modificación (de terrenos) ya pactada y de la que tenía pleno conocimiento, que presentaría la adjudicataria para que las instalaciones se construyeran en Torremendo, en las fincas que Fenoll pretendía vender a la adjudicataria». «De esta forma Lorente compensaría a Fenoll por los favores políticos y de apoyo y financiación que éste había realizado a su favor en la campaña electoral de 2007».
La Fiscalía también destaca que Lorente, en una rueda de prensa improvisada, apuntó que la ubicación final sería cerca de la finca Las Pistolas, y lo señaló antes de que se propusiera ese cambio de terrenos para instalar la planta de residuos. Por ello cree que la exalcaldesa podría ser responsable de los delitos de tráfico de influencias, suministro de información privilegiada, cohecho, fraude y prevaricación.
