La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll se valió de su cargo para favorecer los intereses de los empresarios Enrique Ortiz y de Ángel Fenoll en detrimento del interés público, según el escrito al que ha tenido acceso este diario presentado ante el juzgado de Orihuela que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. De esta manera, el fiscal se opone al recurso presentado por los abogados de Ripoll contra su procesamiento en esta pieza separada del caso Brugal. El letrado Fernando Candela considera que los hechos imputados al expresidente de la Diputación no están determinados y reclama el archivo por la falta de indicios. Un planteamiento escrito que ha sido rechazado por el fiscal que cifra hasta en diez hechos concretos que se le podrían atribuir al expresidente de la Diputación.
El fiscal relata los entresijos de la tramitación del Plan Zonal y asegura que Ripoll respaldó la oferta de Ángel Fenoll para hacerse con la adjudicación y esto «habría que relacionarlo con el apoyo que este último habría prestado a la campaña electoral del Partido Popular de Orihuela en las elecciones municipales de mayo de 2007». Sin embargo, los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente valoraban en primer lugar las opciones presentadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, motivo por el que los investigados comenzaron a mantener reuniones «para llegar a un acuerdo de reparto de los beneficios del Plan Zonal». Un acuerdo que pasaría por la obligatoria adquisición por parte de Ortiz de los terrenos de Fenoll en la llamada finca Las Pistolas, «que no había sido la adjudicataria», estableciéndose como paso previo para que el Consorcio aprobara la adjudicación. El fiscal relata que Fenoll aprovechó para exigir un «elevado sobreprecio», mientras que Ortiz participó en esta «torticera operación» puesto que gracias a ella «cobraría durante 20 años los servicios de tratamiento y eliminación de residuos de los residuos de los 27 municipios consorciados» y compensaría los sobrecostes repercutiéndolos en los ayuntamientos subiéndoles el canon que debían pagar por el servicio prestado.
Anticorrupción subraya que Ripoll llegó a mantener en suspenso el procedimiento administrativo a expensas de que se llegara a un acuerdo entre las partes implicadas. Como consecuencia de estas negociaciones, hubo un acercamiento de Ripoll a Ortiz, «quien para hacerle partícipe de sus intereses y alejarlos de los de Ángel Fenoll», llegó a invitarle a la Feria de Abril de Sevilla en 2008 a bordo de su yate, así como posteriormente le invitó a viajes veraniegos a las Baleares en 2008 y 2009, argumenta el Ministerio Público.
Entre las contraprestaciones recibidas de Ángel Fenoll por el expresidente de la Diputación, según el fiscal, estarían la adquisición de dos pisos contiguos en el centro de Alicante y cuyo precio ascendería a un importe de un millón de euros. «Dichas viviendas o su importe equivalente vendrían sufragadas por el sobreprecio de la finca a Ángel Fenoll, razón por la que Ripoll se involucró con tanto interés el cumplimiento del acuerdo», dice el fiscal, aunque matiza que la dádiva «no llegó a entregarse por la falta de acuerdo definitivo sobre la compra». En este escrito recuerda que Ripoll comenzó a distanciarse de Fenoll por la gestión realizada por éste al frente del Canal 37, «empresa a la que encomendó sanear y potenciar para mantener su control como instrumento político».
El ministerio público recuerda que todos los retrasos beneficiaban a Ángel Fenoll al seguir manteniendo la gestión de la mayoría de municipios integrantes del Consorcio.
Por contra, el abogado de Ripoll afirma que en el relato de la juez se insiste siempre en la existencia de maniobras e irregularidades que «nunca se llegan a culminar». Candela señala que el Consorcio aprobó las propuestas que les hacían llegar los técnicos y que se trata de un órgano colegiado por lo que cualquier decisión irregular «hubiera tenido que contar con la concurrencia cómplice» de todos los miembros. El abogado asegura que la imputación de un delito de prevaricación a Ripoll se ha hecho de manera sorpresiva, al tiempo que no concreta qué decisión injusta adoptó.
