La batalla política e institucional que mantienen la Generalitat y la Diputación por el control de la política turística entra en una nueva fase. Después de dos aplazamientos «en aras a la búsqueda de un mayor consenso», el Consell aprobará hoy el decreto de coordinación que supone, de facto, la intervención del presupuesto y las competencias de la institución provincial en materia turística y sobre acontecimientos deportivos. Pese al frontal rechazo a la medida y a la constante petición de diálogo por parte del presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, el Ejecutivo autonómico mantiene que los dirigentes del PP no han demostrado «ninguna voluntad negociadora real» sobre el decreto y que su estrategia de oposición sólo encubre «maniobras dilatorias».

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, remitió ayer una carta a su homólogo en la Diputación, en la que recalcó que la voluntad última del decreto es coordinar los recursos de ambas instituciones como solución «imprescindible» para hacer frente al «incremento de la competencia de otros destinos turísticos y a los cambios que se producen por el lado de la demanda».

El jefe del Consell aboga en su misiva por establecer «una estrategia global» en la materia: «No se trata de competir entre instituciones, sino de trabajar de manera conjunta y crear sinergias para evitar duplicidades entre administraciones y ganar efectividad». Del mismo modo, Puig invoca la voluntad negociadora del Consell cuando cita que la aprobación del decreto se ha retrasado dos semanas «para alcanzar un mayor grado de consenso», al tiempo que recuerda las reuniones mantenidas por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, con las tres diputaciones, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y con representantes del sector.

El president de la Generalitat también recuerda a Sánchez que días atrás modificaron la propuesta inicial para que en el consejo de coordinación turística haya un mismo número de miembros de la Generalitat y las diputaciones. Puig recalca que los empresarios y profesionales del ramo tienen también cabida en la toma de decisiones, así como «las sugerencias» que plantea la propia Diputación. «Este decreto», concluye el jefe del Consell, «no es un punto final en la coordinación de las políticas turísticas, es un punto de partida desde la lealtad y el respeto institucional».

La carta de Puig es una respuesta al escrito remitido el pasado día 24 al jefe del Consell por César Sánchez, en el que, bajo el título «Compartiendo decisiones», rechazaba la fórmula del decreto y reclamaba «más presencia alicantina» en las sesiones de trabajo que se lleven a cabo desde Valencia, además de proporcionalidad de la representación provincial en los órganos turísticos valencianos, «dado que Alicante aporta al PIB autonómico el 55% de lo que recaudamos en esta actividad».

Sánchez, que también exigió más «claridad y precisión» al decreto turístico, considera que la iniciativa del Consell invade las competencias de la Diputación y atenta contra su autonomía institucional. En su estrategia de rechazo al documento, el presidente de la Diputación se reunió con los empresarios y profesionales del sector en la Costa Blanca para acordar la exigencia de «más diálogo» al Consell. En la misma línea, el foro «Ágora Costa Blanca» que promueve el Patronato de Turismo con los empresarios trasladará a la Generalitat sus conclusiones sobre el decreto en el plazo de un mes.

Ahora bien, esas conclusiones llegarán tarde, toda vez que el Consell aprobará hoy su iniciativa al amparo del Estatuto y la Constitución, que le atribuyen las competencias turísticas «en exclusiva».