Finalmente, no habrá comisión de investigación en la Diputación para auditar los últimos doce años de gestión del PP bajo los mandatos de José Joaquín Ripoll (2003-11) y Luisa Pastor (2011-15). La actitud del único representante de Ciudadanos, que tras anunciar hace sólo un mes la ruptura del pacto de gobierno con el PP volvió ayer a salir al rescate de los populares, acabó por torpedear una comisión de investigación que horas antes del pleno de ayer todas las formaciones daban por hecha. Sólo parecía que faltaba por conocer la postura del PP.
De hecho, la tarde de este martes, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, confirmó a este diario y más tarde a través de un comunicado de prensa su decisión firme de formar parte de la citada comisión de investigación, promovida por Compromís. «Mientras las diputaciones sigan, haremos todo lo posible para que haya una máxima transparencia en su gestión. Es bueno que esta legislatura comience sin ninguna sombra de sospecha», argumentaba el diputado de Ciudadanos. Sin embargo, horas después todo cambió. El propio Sepulcre llevó a pleno una enmienda a la totalidad a la propuesta de la formación nacionalista para «precisar» el texto previo y, en la práctica, echar abajo la comisión de investigación. En su lugar, C's impulsó una auditoria externa. Esta fórmula, que contó con el rechazo frontal de Compromís, del PSOE -los más vehementes en la crítica- y de EU, fue finalmente el instrumento que se aprobó en el pleno -con los votos a favor de PP y C's, reeditando el pacto de gobierno- para fiscalizar así los últimos años de gobierno del PP al frente de la Diputación.
Pero la polémica no se quedó ahí, ya que la opción votada ayer por populares y Ciudadanos puede no tener ningún recorrido legal. La propia interventora general, Matilde Prieto, expuso durante el pleno sus dudas acerca de la legalidad de la auditoria, alegando que las cuentas de los últimos años ya han sido auditadas. La funcionaria puso sobre la mesa reparos a que la herramienta que salió adelante con los 16 votos que suman PP y C's pueda realizarse «bajo su dirección». Ante el temor de cometer una ilegalidad, el presidente de la Diputación, César Sánchez, no dejó pasar ni un minuto y encargó a Intervención y a Secretaría sendos informes para aportar luz sobre este asunto. Por su parte, desde los asientos de Compromís y del PSOE se escucharon acusaciones de «prevaricación» contra los diputados de PP y C's, por votar a favor de una auditoria externa aprobada con cierta sombra de duda.
Fabra, Rus y Ripoll
Éste fue el punto estrella de un pleno marcado por la tensión entre los diputados, con cruce de acusaciones y de reproches. Y desde el principio. Para empezar, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, exhibió al plenario una imagen en la que figuraban tres expresidentes de Diputación, hoy investigados o condenados: Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante). La respuesta del PP no se hizo esperar, ya que su portavoz, Carlos Castillo, invitó a los diputados de Compromís a acudir a la Fiscalía si eran conocedores de «irregularidades». Una frase de Castillo («Y si no las tiene, yo me cuidaría...»), que acabó siendo una amenaza velada, según Fullana. Por entonces, C's ya había anunciado su enmienda y el PP la había acogido como una buena salida ante la comisión que defendían Compromís, PSOE y EU. El presidente de la Diputación, César Sánchez, apostaba por trasladar la comisión de investigación a las Cortes. «Yo sería el primero en ir allí... Todo lo demás es postureo», apuntó el dirigente.
El debate, con el intercambio de turnos de palabra, fue creciendo en aridez, hasta que César Sánchez se vio obligado a ordenar un alto en la sesión. Pidió entonces que los cinco portavoces se acercaran a su lugar habitual en el pleno para acordar el proceso de votación. Sin embargo, de poco sirvió.
Los intentos previos de Compromís para que la moción de Ciudadanos fuera parcial y no total no fructificaron. Sepulcre no cambió de postura, pese a un baldío intento ya fuera de plazo, y finalmente se aprobó la propuesta de C's, con una auditoria externa como fórmula de fiscalización pese a las dudas de la interventora. El PP pretendió que la auditoría se iniciase en el año 1978, pero ahí se quedó solo en su petición.
También llegó tarde Compromís cuando, tras ver que su propuesta inicial no salía adelante, intentó retirarla del orden del día. La secretaria tampoco lo permitió.
