El pleno ordinario del mes de marzo en la Diputación de Alicante tuvo de todo. En la sesión, que se prolongó casi cuatro horas, hubo tensión, acusaciones, reuniones improvisadas, dudas sobre la legalidad de alguno de los asuntos aprobados por mayoría... Y también, lágrimas en la mesa presidencial. Y es que la secretaria general, Amparo Koninckx, no aguantó la presión a la que le sometió Compromís, que le acusó de cambiar el criterio a la hora de llevar a cabo las votaciones. A la secretaria general, mientras tomó la palabra para defender su postura, se le quebró la voz, lo que le obligó a acortar sus palabras. El presidente de la Diputación, César Sánchez, incluso le hizo un gesto de complicidad con el intento de serenar sus ánimos. Por su parte, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, se disculpó públicamente si se había extralimitado en sus críticas a la mesa.
Pero los sobresaltos del pleno no se quedaron ahí. Tal fue la tensión vivida, que el propio César Sánchez tuvo que hacer un receso en la sesión plenaria para pedir a los cinco portavoces de los grupos que se acercasen a su posición. Durante unos minutos, Sánchez, Castillo (PP), Chulvi (PSOE), Fullana (Compromís), Sepulcre (C's) y Pérez (EU) pactaron la fórmula para poder seguir adelante con el pleno, que se enquistó a la hora de debatir y posteriormente votar la apertura de una comisión de investigación para fiscalizar las gestiones de los anteriores años de la Diputación, en manos de José Joaquín Ripoll y Luisa Pastor.
Este punto también hizo que la sombra de la sospecha estuviera presente en el pleno de la Diputación, ya que la interventora general, Matilde Prieto, admitió micrófono en mano sus dudas acerca de la legalidad de que una auditoría externa sea la herramienta correcta para fiscalizar a los últimos gestores del PP. Tras su intervención y la posterior votación, Compromís y también el PSOE acusaron a C's y al PP de un posible delito de «prevaricación».
