Con la negativa a entregar a la Policía los documentos que sobre el viaje a Oporto aportó en el juzgado la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo se ha estrenado el magistrado César Martínez en la causa que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico de Rabasa, un proceso que llevaba prácticamente paralizado desde que el primer instructor, Juan Carlos Cerón, se marchó a la Audiencia hace ya de eso casi un año.
En respuesta a un recurso presentado por el fiscal Felipe Briones en julio del año pasado contra el rechazo a facilitar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que está investigando estos hechos, los justificantes del pago del viaje que hicieron Castedo, el también exalcalde Luis Díaz Alperi y la exconcejala Sonia Alegría a la ciudad portuguesa para visitar un centro de Ikea, el magistrado reitera su negativa al no apreciar «relevancia penal» en el citado viaje y no existir «ningún indicio de falta de veracidad» en la documentación aportada por la exregidora, investigada en esta causa y de la que Alperi fue excluido.
El magistrado alude a resoluciones anteriores que, tras lo aportado por Castedo, consideran acreditado que Ikea pagó el viaje de ida de los tres munícipes y que la vuelta corrió a cargo de la concejala Alegría, según los recibos de la tarjeta que la exalcaldesa entregó en el juzgado. Y se apoya también en un auto de octubre de 2014 en el que al citado viaje se le daba la consideración de «desplazamiento oficial», se hacía constar que la Policía verificó que se produjo la visita al centro de Ikea y se concluía que «estas actuaciones oficiales y públicas no tienen relevancia penal por más que (...) se les pretenda dar un carácter, en cierto modo, clandestino».
