El pago de la deuda histórica del Estado con la Comunidad Valenciana se convirtió ayer en un serio escollo para el pacto de investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno firmado por el PSOE y Ciudadanos. Después de que los socialistas intentaran «sumar por la izquierda» al acuerdo a Compromís con la oferta de una reforma del sistema de financiación autonómica y el pago de la deuda histórica -mediante la condonación de las cantidades pendientes de devolución por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)-, la formación naranja se plantó en redondo y aseguró que esa compensación no cabe en el pacto «por la falta de recursos económicos suficientes».
De cualquier modo, la propuesta «a la carta» del PSOE para ampliar el pacto de investidura a otras formaciones progresistas y de izquierda tampoco convenció a la formación nacionalista valenciana, cuya ejecutiva la consideró «insuficiente» por no recoger, precisamente, el reconocimiento de la deuda histórica valenciana, la derogación de la reforma laboral o la falta de garantías en la reforma del artículo 135 de la Constitución propuesta en el documento, entre otras carencias.
Por su parte, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, confió en que finalmente se pueda llegar a un gobierno que ataje los problemas de España desde «el diálogo y una mirada humilde de la realidad». Puig, que no acudió al comité federal del PSOE que refrendó el acuerdo de Pedro Sánchez con Albert Rivera, admitió que aún se está «muy lejos» de tener una mayoría suficiente para que haya un gobierno, pero indicó que el PSOE está intentando desbloquear la situación.
El «intento exprés» de los socialistas de incorporar a otras fuerzas de la izquierda al pacto de investidura que comienza a debatirse hoy en el Congreso encalló ayer por partida doble en su enfoque de la deuda histórica de la Comunidad Valenciana: por una parte, Ciudadanos rechazó el pago por considerar que es inviable durante esta legislatura por la falta de fondos; y, por otra, Compromís consideró «insuficiente» el reconocimiento de la deuda en la propuesta que le trasladó por la mañana la dirección socialista.
En esa propuesta, el equipo de Pedro Sánchez se reservó para el final -capítulo 9 sobre financiación autonómica e inversión estatal- la parte más atractiva de su oferta a Compromís. En el primer punto le planteó «una reforma del sistema de financiación autonómica que asegure un trato equitativo y justo a todos los españoles». Y en el segundo, los socialistas reconocían que la Comunidad Valenciana, «en mayor medida incluso que otras comunidades, ha visto incrementada su deuda con el Estado durante estos años a través del FLA. Ello ha sido consecuencia, en gran parte de la infrafinanciación. (...). Por ello, y en el marco del proceso de negociación del nuevo modelo de financiación, el nuevo Gobierno tendrá en cuenta esta situación comprometiéndose a pactar una solución satisfactoria». En la práctica, este segundo punto venía a reconocer, según fuentes socialistas, la deuda histórica de la Comunidad y el compromiso del nuevo Gobierno de hacerle frente mediante la condonación de las cantidades pendientes de devolución por parte del Consell por las ayudas recibidas del FLA, que rondan los 15.000 millones de euros, el 37,5% de los 40.000 millones de deuda global que el último informe del Banco de España atribuye a la Generalitat Valenciana.
Ahora bien, antes de ser considerada «insuficiente» por su destinatario, Compromís, la oferta socialista de reconocimiento de la deuda histórica se topó de lleno con su socio de investidura. El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, aseguró que la liquidación de la deuda de la Comunidad «no cabe en estos momentos» y agregó que «no es que no quepa en el acuerdo, lo que no cabe es económicamente, no es sostenible económicamente el reconocimiento de esa deuda y que haya que sufragarla en esta legislatura».
Gutiérrez añadió que desconocía la concreción de las conversaciones con Compromís en torno a este asunto y matizó que es «muy importante la concreción sobre cómo se tiene que abordar esa deuda histórica que reclama Compromís». Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, abundó en la negativa y advirtió de que «ofrecer cosas a una comunidad a cambio de votos no es una buena estrategia».
«Yo entiendo que para que el proceso de investidura salga adelante hacen falta unas mayorías y es el momento de sumar más partidos a ese acuerdo, pero insisto, sin cambiar ni una coma del acuerdo del PSOE con Ciudadanos», alertó Gutiérrez. El secretario general de C's en el Congreso dejó claro que hasta que el PSOE no les comunique qué quiere modificar de su acuerdo de investidura, el único válido es el firmado la semana pasada por Albert Rivera y Pedro Sánchez y refrendado este fin de semana por los militantes socialistas.
Mientras, el portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso y diputado por Alicante, Julián López, lamentó que C's se niegue a apoyar la investidura de Pedro Sánchez por contemplar el pago de la deuda histórica de la Comunidad y recordó que el documento remitido a Compromís «no recoge ningún trato de favor ni ningún privilegio para los valencianos, sino un trato igualitario frente al resto de españoles».
Rechazo
La segunda negativa al plan de Pedro Sánchez para Compromís llegó de la ejecutiva de la formación nacionalista, que ratificó su voto en contra de la investidura, aunque admitió su satisfacción por entender que el documento remitido por el PSOE reconoce de facto la existencia de una «agenda valenciana» en Madrid, tanto en lo tocante a la deuda histórica como a la «necesaria» reforma del sistema de financiación autonómica. Al mismo tiempo, la dirección de Compromís emplazó al PSOE a seguir negociando un acuerdo de izquierdas y progresista para la formación del gobierno, toda vez que dan por hecho el fracaso del debate que hoy comienza en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.
La coalición afirmó que continuará trabajando para conseguir un gobierno plural inspirado en el Gobierno del Botánico de la Generalitat, «que trabaje por revertir las políticas antisociales y la reducción de derechos básicos impulsados por el gobierno del Partido Popular».
